El efecto "perverso" del urbanizador

La aprobación, en las Cortes Valencianas, de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), supuso la creación de una figura desconocida hasta el ese momento: el urbanizador. Para facilitar el desarrollo del entramado urbano y evitar el bloqueo con la acostumbrada existencia de grandes áreas vírgenes rodeadas de construcciones, la normativa establece que cualquier empresa especializada, sea propietaria o no de los terrenos, puede proponer planes de actuación con plazo limitado de desarrollo. Los propietarios del suelo tienen derecho de adjudicación preferente y prioridad en ejecutar la urbanización con la constitución de una agrupación de interés urbanístico, pero en caso de imposibilidad están forzados a negociar con el urbanizador para dar paso a las máquinas. La fórmula, de plausible filosofía y en un principio ideada para frenar la especulación urbanística (cuanto más constreñida esté una ciudad más se cotizan en el mercado las parcelas libres), lleva camino de conseguir el efecto contrario dada la perversa interpretación de empresarios y políticos. Las empresas urbanizadoras se han lanzado a la carrera por conseguir la adjudicación de planes de desarrollo, en un intento de acaparar el suelo urbanizable y situarse para controlar el mercado cuando la demanda aconseje edificar. La ley aconseja, eso sí, diversificar las concesiones para evitar situaciones de monopolio, a las que tienden las firmas poderosas, aunque eso no ha sido óbice para que las administraciones locales se hayan inclinado por la planificación de su territorio a gran escala, con la aprobación de planes que abarcan millones de metros cuadrados, como ha ocurrido con toda la zona virgen de edificaciones que quedaba en la playa de San Juan de Alicante, en manos ahora de dos urbanizadoras: Hansa Urbana y Litoral Mediterráneo II. Todo indica que la intención no es otra que acaparar suelo, porque la demanda actual en el sector inmobiliario no justifica el volumen de planes urbanísticos tramitados. En años de bonanza económica, el número máximo de licencias de obra tramitadas ha sido de 3.000 viviendas. En el mejor de los casos, ese dato significaría tener cubierta la demanda para la próxima década, pero los analistas coinciden en que la coyuntura económica es cíclica, y nunca tan duradera. Pese a todo, el Ayuntamiento ha anunciado que en septiembre comenzarán los trabajos técnicos para modificar el Plan General de Ordenación Urbana, con intención de liberar decenas de millones de metros al sur y al oeste de la ciudad.