CiU y el PP impiden en el Parlament que la oposición repruebe al consejero Subirà

La sumisión del PP catalán a los intereses de CiU volvió a ponerse de manifiesto ayer en el Parlament. Los conservadores, antaño implacables denunciantes de irregularidades y corrupciones en la órbita nacionalista, cerraron filas con CiU para impedir que la oposición reprobase la actuación del consejero de Industria, Comercio y Turismo, Antoni Subirà, sobre las irregularidades detectadas en el Consorcio de Turismo de la Generalitat entre 1991 y 1995.

El diputado de IC-EV Joaquim Novella pidió ayer al pleno del Parlament que reprobase al consejero Subirà. La moción de Novella reunió el apoyo del PSC y de ERC, pero se estrelló contra la barrera formada por CiU y el PP. El PI se abstuvo. Varias auditorías sobre el Consorcio de Promoción del Turismo de Cataluña, en la etapa en que el consejero del departamento era Lluís Alegre, han descubierto un agujero de 976 millones de pesetas. Las auditorías revelaron la existencia de numerosas contrataciones directas de estudios y servicios, que se hicieron ilegalmente, ya que la legislación obligaba a realizarlas mediante concurso público. Entre las empresas beneficiarias de esos contratos había una que es propiedad de la esposa del entonces director del Consorcio de Turismo, Joan Cogul, y otra que pertenece al anterior director general del Turismo de la Generalitat, Àngel Miguelsanz. Todo esto sucedió entre 1991 y 1995, época en que el secretario general del Departamento de Comercio y Turismo era Xavier Hernández, actual consejero de Enseñanza. Este departamento fue absorbido en 1996 por el de Industria, momento a partir del cual pasó a depender del consejero Antoni Subirà, quien nunca denunció la existencia de dichas irregularidades, motivo por el que IC-EV, el PSC y ERC pidieron ayer su reprobación. El bloque de los nacionalistas y conservadores también rechazó la petición de la oposición de que el Gobierno catalán informase de las auditorías del Consorcio de Turismo entre 1988 y 1996 a la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, al Tribunal de Cuentas del Estado y a la Fiscalía. El diputado de CiU Francesc Codina recordó que Subirà dijo recientemente que ya había enviado los informes a la Sindicatura de Cuentas, por lo que Codina consideró atentatorio contra la autonomía catalana la propuesta de remitir los mismos informes al Tribunal de Cuentas. Autobombo Josep Curto, del PP, propuso a IC que la petición se refiriera sólo a la Sindicatura de Cuentas y se olvidase del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía. Curto rechazó la reprobación alegando que su grupo necesita conocer antes el resultado de la investigación de la Sindicatura de Cuentas. El diputado del PP aprovechó su intervención para alabar y ensalzar su propia trayectoria de denunciante de corrupciones en la Generalitat, tarea en la que Curto destacó antes de que CiU sellase su alianza con el PP para dar apoyo parlamentario del Gobierno de José María Aznar. Desde entonces, ni una sola acusación ha vuelto a salir de su boca. Todos los grupos de la Cámara, excepto CiU y el PP, expresaron su intención de pedir la creación de una comisión parlamentaria que investigue el caso. El PP no quiso pronunciarse sobre si apoyará esa propuesta en su día.