El país de Arafat

Más de 80.000 funcionarios, repartidos entre 24 ministerios, configuran la nueva Administración palestina. Este elevado número de empleados públicos supone, en opinión de muchos ciudadanos de los territorios autónomos, una carga desproporcionada e insoportable para una sociedad austera, de poco más de dos millones y medio de habitantes, que trata por todos los medios de sobrevivir por encima de dificultades y miserias. El peso de esta burocracia amenaza con aplastar las esperanzas de un pueblo que, a la vista de tanto funcionario, empieza a preguntarse para qué hizo la Intifada.Las últimas estadísticas oficiales aseguran que la Administración autónoma palestina está compuesta por 80.451 funcionarios, lo que representa un 18,47% de los trabajadores con empleo en los territorios. El número de obreros a cuenta de las arcas de este embrión de Estado crece a un ritmo vertiginosamente peligroso -12,28% con respecto al año 1996-, devorando prácticamente la mitad de unos presupuestos de unos 800 millones de dólares al año.

El número de funcionarios de la autonomía palestina es desproporcionado si se compara con cualquier aparato de ámbito administrativo similar. Cataluña, por ejemplo, con una población de seis millones de habitantes -más del doble del censo palestino- y con casi veinticinco años de rodaje, sólo tiene un 50% de funcionarios más, es decir, 120.000, de los que el 20% son contratados interinos.

«Nos hemos visto obligados a actuar como empresarios, creando puestos de trabajo y contratando funcionarios, fomentando así empleo para impedir que suba la tasa de paro y se agrave la situación económica de los territorios», asegura Ahmad Soboh, director general del Ministerio de Planificación y Cooperación, desde su despacho de Ramala, a poco menos de una decena de kilómetros de Jerusalén, mientras trata de justificar la abultada plantilla del futuro Estado.

El elevado contingente de funcionarios está asimismo generado por las especiales circunstancias geopolíticas en las que se encuentran fraccionados los territorios autónomos, divididos e incomunicados geográficamente -Gaza y Cisjordania-, lo que obliga en determinados casos a duplicar sedes y aparatos ministeriales.

Pero hay además una tercera razón, ésta de carácter político, que justifica la contratación galopante de funcionarios, ya que ésta es la manera de «compensar a aquellos de los nuestros que lucharon durante años en favor del Estado palestino, a los que no podemos dejar ahora en la cuneta y a los que hay que dar un empleo y un medio de subsistencia», concluye este alto empleado del Gobierno de Yasir Arafat.

Las contrataciones políticas han favorecido sobre todo a los trabajadores de la antigua Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que vivieron el exilio y que en 1994 regresaron a los territorios autónomos con Yasir Arafat. Se desconoce exactamente su número, pero se asegura que podrían ser entre 2.000 o 3.000 personas. En cualquier caso, constituyen una aristocracia administrativa, que ocupa los puestos de alta responsabilidad del Gobierno autónomo, y a los que despectivamente se les ha bautizado por extensión con el calificativo de los tunecinos, en alusión a la última sede de la OLP en el exterior.

Los tunecinos se han convertido en una influyente y poderosa burocracia que Yasir Arafat ha preferido mantener perfectamente cohesionada en su entorno de Gaza, configurando a su vez una verdadera guardia pretoriana. Entre sus cualidades se encuentra la de conocer el oficio, pero también la de ser inasequible a las críticas de una población que les acusa de ser extranjeros, tener una mentalidad laica, costumbres occidentalizadas y de haber traído en sus maletas, además de contrabando, el germen de la corrupción.

La mitad de este ejército de 80.451 nuevos funcionarios palestinos se concentra en los cuerpos de seguridad de los territorios autónomos. En total hay 40.000 policías, según se desprende del presupuesto elaborado para 1998 por el ministro de Finanzas, Muhamamad Nashashibi, y que el pasado mes de marzo fue presentado ante el Consejo Legislativo.

El número de miembros de las fuerzas de seguridad palestinas con respecto a la población es de un funcionario por cada 60 ciudadanos. Esta proporción supone el cuádruple de las tasas policiales de España, Israel o Francia, y cinco más que las existentes en Bélgica o Alemania, según se asegura en un reciente estudio efectuado por el Gobierno de Israel, con el que se critica el incumplimiento en materia policial de los acuerdos de Oslo de 1995.

Este ejército policial y la existencia de al menos ocho diferentes servicios de información y seguridad -Inteligencia General, Seguridad Preventiva de Cisjordania, Seguridad Preventiva de Gaza, Fuerza 17, Seguridad General, Policía Civil, Inteligencia Militar e Inteligencia Naval- permiten empezar a adivinar qué tipo de Administración se está configurando en Palestina.

Los responsables del Centro Palestino por los Derechos Humanos, la más importante y prestigiosa asociación de los territorios, aseguran que se está construyendo, bajo la presión de Estados Unidos e Israel, una «sociedad policial» con la que se reprime permanentemente a la oposición y se vulnera el Estado de derecho, en un intento desesperado para conseguir una «buena nota» en el proceso de paz.

«Un Estado palestino creíble y fuerte ante sus interlocutores sólo es posible si tiene unas bases democráticas», afirma el doctor Raji Sourani, responsable de esta organización no gubernamental, que tiene su sede principal en la franja autónoma de Gaza y que se ha convertido en una de las plataformas más activas de la oposición democrática a la autoridad de Yasir Arafat.