Un juez ordena precintar los surtidores de otras 43 gasolineras del Grupo Villanueva

Los surtidores de 43 gasolineras, situadas en seis provincias, han sido precintados interiormente por el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid para comprobar si en todos ellos se da también un nuevo tipo de fraude hallado en una estación de Valdemorillo (Madrid). En esta instalación se descubrió por vez primera una manipulación informática (hasta ahora sólo había constancia de manipulación electrónica). Todas las instalaciones afectadas pertenecen al Grupo Villanueva, imputado en el fraude que denunció en enero la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Las gasolineras afectadas prestaban ayer servicio normalmente. Lo que por orden del juez se ha precintado es la placa informática -invisible al público- conectada con el ordenador de la estación de servicio. Ningún miembro de la empresa puede por lo tanto manipular ya esa placa, que traslada la información desde la parte inferior del surtidor al visor donde figura el precio.En la Comunidad de Madrid las gasolineras afectadas son 26. El resto pertenecen a Albacete (4), Burgos (1), Castellón (1), Murcia (5) y Toledo (6).

El juez Andrés Gutiérrez Gil, titular en colaboración con el fiscal de Consumo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio Martínez de Muniain, han decidido actuar cautelarmente en las 43 estaciones de servicio, después de que peritos del Centro Español de Metrología detectaran una placa manipulada en la gasolinera de Valdemorillo (Madrid), informa José Antonio Hernández.

«Especial trascendencia»

El auto judicial, fechado el pasado día 20, dice sobre la manipulación de la placa: «Ese dato tiene una especial trascendencia por el hecho de que en las inspecciones hasta ahora realizadas durante la investigación previa a la denuncia o en el ámbito administrativo no se examinó esa placa, con lo que bien pudiera suceder que en alguna de ellas exista tal manipulación y que pasase desapercibida por la sencilla razón de que no se investigó. Así ocurre precisamente en ese surtidor de la estación de Valdemorillo, en el que no se había detectado ninguna manipulación hasta la fecha en que la placa fue recogida por los peritos del Centro Español de Metrología designados por el Juzgado».«Se confirma cada vez más la posibilidad de que los surtidores se puedan manipular a distancia, y urge una nueva normativa que sea recogida en los protocolos de todas las comunidades autónomas», explican fuentes de la OCU.

Según fuentes judiciales, en los próximos días se revisarán los surtidores precintados; y si luego los inspectores encuentran manipulada una placa, tienen autorización para clausurarlo de inmediato. Estos informantes no descartan que se extienda la investigación a gasolineras ajenas al Grupo Villanueva.

«La policía nos ha puesto un papel por dentro de los surtidores el día 21», decía ayer el empleado de una de las gasolineras precintadas en Madrid, Las Cuartillas (calle de Herrera Oria). Lo mismo relatan en la estación El Batán (carretera de Extremadura): «Suponemos que volverán».

«¿Qué es lo que está precintado?», pregunta al periodista la usuaria Lourdes Ochoa, al utilizar un surtidor en la gasolinera San Blas (calle de Alcalá). «El servicio parece estar normal. Si hay algo dentro precintado, no se ve», añade. «Claro que tampoco habíamos visto en ningún surtidor lo que nos mangaban, hasta que salió en el periódico».

El pasado 12 de enero, EL PAÍS publicó un estudio de la OCU que denunciaba el supuesto fraude en gasolineras. El informe se generó tras la información confidencial que aportaron a un redactor de EL PAÍS dos empleados del Grupo Villanueva, los hermanos Jesús y Óscar Bugliot. El estudio de la OCU se basó en inspecciones que hicieron por sorpresa varios miembros de esa organización en 21 estaciones de servicio elegidas aleatoriamente: en todas las gasolineras de los Villanueva se comprobó una merma de carburante de entre el 4% y el 7%.

La Administración reaccionó con incertidumbre, sin aclarar a tiempo las circunstancias en que los inspectores oficiales realizaban las comprobaciones rutinarias de los surtidores. Luego, la Asamblea de la Comunidad de Madrid constituyó una comisión parlamentaria, ante la que Francisco Javier Villanueva Aranguren y su hijo Francisco Javier Villanueva Bravo, máximos responsables del grupo, se negaron a responder una sola pregunta.

El golpe clave fue la declaración de los hermanos Bugliot, quienes señalaron que en su gasolinera «se robaba noche y día». Ambos vieron a su superior manipular una palanca empotrada bajo el cuadro de mando y, cuando se quedaron solos, comprobaron que al situar la palanca en dos posiciones de las tres posibles los surtidores suministraban hasta un 5% menos combustible que el indicado en el contador. Sobre los inspectores, los Bugliot manifestaron: «No sabemos si les avisaban antes o es que los encargados eran pitonisos. Pero cada vez que el encargado revisaba los surtidores, venía el inspector».

Aún permanecen cuatro gasolineras clausuradas en Madrid, después de las investigaciones emprendidas en enero: Cerro de la Cabaña (inicio de la autovía de Valencia), José Rebuelta (Majadahonda), Loessa (Nacional IV) y Fearvi (carretera de Navacerrada a Navalcarnero).