Las defensas, divididas por estrategias opuestas

El banquillo de los acusados se divide en dos grupos con intereses enfrentados, estrategias opuestas y posiciones irreconciliables. De un lado, José Barrionuevo y Rafael Vera niegan toda relación con el secuestro de Segundo Marey, y mucho menos haberlo autorizado y financiado. De otro, Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya; Francisco Álvarez, ex máximo responsable de la lucha antiterrorista; Ricardo García Damborenea, ex líder de los socialistas vizcaínos, y los policías admiten su participación en los hechos, pero contando con la autorización de los primeros.Consecuentemente con la posición de cada cual en el proceso, las defensas mantienen líneas divergentes y enfrentadas. Manuel Cobo del Rosal y Pablo Jiménez de Parga, los respectivos abogados de Vera y Barrionuevo, rechazan la participación de sus patrocinados en el secuestro e invocan la nulidad de la instrucción por falta de garantías ante la animosidad desplegada por el juez Baltasar Garzón contra sus defendidos.

El sector opuesto busca su salvación en acusar a "los de arriba". José María Stampa, el defensor de Sancristóbal, y Manuel Murillo, el de Álvarez, actúan como virtuales coadyuvantes de las acusaciones en su acoso tanto a Barrionuevo como a Vera. A su lado, pero con menor vehemencia, se han ido situando los representantes de García Damborenea y los inspectores de policía.

Jorge Manrique, el abogado de José Amedo y Michel Domínguez, se mantiene en una línea intermedia de denuncia de que sus defendidos han sido engañados sucesivamente, con el señuelo del indulto, por los socialistas; por el juez Baltasar Garzón, cuando se fue a la política con ese partido, y por Francisco Álvarez Cascos, durante una reunión en el despacho del director del periódico El Mundo, Pedro J. Ramírez.