El juicio de los GAL comienza hoy con el interrogatorio del fiscal al ex policía Amedo

El juicio por el secuestro de Segundo Marey, en el que el fiscal pide 23 años de prisión para José Barrionuevo, ex ministro del Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, por los supuestos delitos de pertenencia a banda armada, detención ilegal y malversación, comienza hoy, a las 10.30 horas, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El tribunal, integrado por 11 magistrados, tiene la intención de iniciar esta misma mañana los interrogatorios. El primero de los previstos es el del ex policía José Amedo, que en diciembre de 1994 denunció a sus superiores al juez Baltasar Garzón.

El presidente del tribunal, José Jiménez Villarejo, dará la voz de "audiencia pública" a las 10.30. La idea es iniciar de inmediato los interrogatorios, que serán abiertos por el fiscal jefe de la Sala de lo Criminal, José María Luzón.El fiscal pide en sus conclusiones provisionales penas que oscilan entre los ocho años de prisión para los policías que vigilaron a Segundo Marey durante sus diez días de secuestro -en 1983 fue hecho cautivo en Hendaya por error al ser confundido con el etarra Mikel Lujua- hasta los 23 para los antiguos máximos responsables de Interior, José Barrionuevo y Rafael Vera, por los presuntos delitos de detención ilegal, pertenencia a banda armada y malversación de fondos públicos.

El fiscal había solicitado comenzar por el ex policía Michel Domínguez, pero el tribunal ha preferido escuchar en primer lugar a su compañero José Amedo.

Así, Amedo, -condenado, como Domínguez, a 108 años por los atentados en los bares franceses Consolation, en 1984, y Batzoki, en 1986, que causaron seis heridos- tendrá hoy la oportunidad de explicar su versión definitiva sobre quiénes estuvieron implicados en el secuestro de Marey y su papel en la trama de los GAL.

Desde que, en 1988, Baltasar Garzón se fijó en él como sospechoso de pertenecer a los GAL, Amedo ha desempeñado distintos papeles en su relación con el magistrado: el silencio y la negación de los hechos durante su proceso y los cinco años de cárcel que cumplió en el penal de Guadalajara; la posterior delación de sus jefes ante el juez, que le aseguró la salida del presidio y una escolta policial, y, finalmente, la denuncia de los métodos del propio Garzón, al que atribuye la insinuación de que su esposa podría ser encarcelada como titular de una cuenta de 200 millones de pesetas en Suiza si él no colaboraba en las investigaciones.

Después de Amedo declarará Domínguez, quien también denunció presiones de Garzón para colaborar con él denunciando a sus jefes.

Amedo se enfrenta a una petición del fiscal de 12 años de prisión y Domínguez a una de ocho. Sin embargo, ambos son los acusados que menos se juegan, ya que difícilmente volverán a prisión aunque sean condenados. Técnicamente, los dos están cumpliendo en tercer grado sus penas de 108 años. Pero ni siquiera van a la cárcel a dormir porque, cuando reinició el proceso, Garzón premió su colaboración con una situación especial que les permite disponer de escolta policial y no pisar el presidio por motivos de seguridad.

Aunque en este proceso fuesen condenados por el secuestro de Marey , se les aplicaría la conexidad delictiva con el de los atentados en los bares mencionados, lo que en la práctica equivale a no cumplir una segunda condena por los mismos motivos que la primera.

De ahí que su abogado, Jorge Manrique, admita que a Amedo debe imponérsele una pena de cuatro años y medio de cárcel por los delitos de detención ilegal y malversación y a Domínguez una de seis meses como encubridor del secuestro.

Los interrogatorios proseguirán en días sucesivos con Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya durante el secuestro de Marey, para el que el fiscal pide 21 años, y por Miguel Planchuelo, jefe superior de Policía de Bilbao en las mismas fechas, para el que reclama otros 21.

El orden previsto para las declaraciones de los procesados continúa después por los entonces inspectores de Policía Julio Hierro, Francisco Sáiz Oceja, Juan Ramón Corujo y Luis Hens, quienes han confesado que participaron en el traslado y la vigilancia de Marey durante su cautiverio en una cabaña próxima a la localidad de Colindres (Cantabria). Para todos ellos se piden ocho años de prisión.

Seguirán Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSOE en Vizcaya, y Francisco Álvarez Sánchez, coordinador de la lucha antiterrorista en 1983, que se enfrentan respectivamente a la posibilidad de 16 y 21 años de cárcel.

Los últimos procesados en declarar, previsiblemente la próxima semana, serán los propios Barrionuevo y Vera.