Interior niega su responsabilidad política por expulsar a los inmigrantes sedados

El Ministerio del Interior ha eludido cualquier responsabilidad política por la expulsión a países que no eran los suyos de muchos de los 103 inmigrantes subsaharianos que hace dos años fueron sedados con Haloperidol para su devolución, en una operación que levantó las iras de las organizaciones humanitarias y que motivó la apertura de una investigación judicial. El Gobierno ha respondido ahora al juzgado que instruye la querella que fue una decisión "técnica", no política.

El Gobierno ha señalado, además, que "no se produjo, en ningún momento, una orden específica de remisión a países distintos a los de origen, sino una indagación de carácter técnico y altamente compleja, con la finalidad de ejecutar la devolución". La Administración argumenta que la repatriación encontró "fuertes dificultades" por la falta de receptividad de los países de origen, la nula colaboración de los inmigrantes ilegales, que no revelaban su nacionalidad, y porque algunos procedían de zonas en guerra. Estos argumentos son la respuesta del Ministerio del Interior a la pregunta del juzgado que investiga el caso y que, a petición de la denunciante Asociación Libre de Abogados (ALA), pretendía conocer quién dio la orden para que algunos subsaharianos fueran repatriados a naciones de las que no eran oriundos. Presunta prevaricación Pero en su contestación, la Administración no da nombres, ni de responsables políticos ni técnicos. Las actuaciones se derivan justamente de la querella que la Asociación Libre de Abogados interpuso contra el subdelegado del Gobierno, Jorge Cabezas, por presunta prevaricación (adoptar una resolución injusta a sabiendas) por haber expulsado a los inmigrantes a países que no eran los suyos, así como por otras irregularidades que supuestamente se cometieron en la polémica operación. En las actuaciones sólo figura como imputado el ex comisario provincial de Málaga Antonio Martínez Ferrando. Los policías que participaron en la repatriación ya testificaron hace alrededor de un año. En Melilla, ciudad de donde provenían los subsaharianos y donde también se tramitaba una causa relacionada con esta operación, se han archivado las diligencias, decisión que ha sido recurrida. En su respuesta, el Ministerio del Interior recuerda que una de sus funciones básicas es la de preservar la intangibilidad del territorio nacional y que la expulsión constituye una posibilidad prevista en la legislación. De ésta, subraya, se deriva que la salvaguarda de las fronteras "debe realizarse impidiendo la permanencia irregular de extranjeros que deberán ser expulsados a su país de origen, siempre que ello sea posible, o a otro diferente".