Denuncias al Defensor por la política de inmigración
La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) y Algeciras Acoge se reunieron el viernes en Madrid con el Defensor del Pueblo español, Fernando Álvarez de Miranda, para entregarle sus denuncias sobre las actuaciones de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz en materia de inmigración. Estos dos colectivos expresaron su malestar con los criterios del Gobierno central a la hora de aplicar sanciones cuando media la asistencia a un inmigrante indocumentado. Las normas contemplan como infracciones, además de las actuaciones de las redes organizadas que introducen africanos, la ayuda continuada de personas, aunque quede patente que no hay por medio interés lucrativo alguno. La sanción no se aplica cuando la asistencia sea esporádica. "Los criterios que maneja la subdelegación son totalmente inadmisibles para nosotros. Entendemos que se persiga a las mafias pero no aceptamos que se castigue a aquellas personas que actúen solidariamente, sea consciente u ocasionalmente", subrayó Rafael Lara, delegado de APDH en la Bahía de Cádiz, que acudió a la entrevista con Álvarez de Miranda acompañado por los coordinadores nacional y regional de esta asociación, Nieves Botella y Mohamed Dahiri, así como con el presidente de Algeciras Acoge, Julio Martínez. Según estas organizaciones, la Subdelgación del Gobierno en Cádiz ha aplicado cuatro sanciones, dos de 100.000 pesetas y otras dos de 250.000; ha sobreseído 10 o 12 expedientes; y ha abierto 10 expedientes que están pendientes de resolución.MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 8
