Ormazabal aceptará la propuesta socialista sobre Treviño si fija un plazo para el referéndum

El diputado general de Álava, Félix Ormazabal, aceptó ayer las tesis defendidas en el Senado por el PSOE y el PP, que pretenden solucionar el contencioso de Treviño apostando por atender primero la prestación de servicios de los vecinos y dejar para "el 2004 o 2005" la discusión sobre el referéndum. El dirigente peneuvista sólo puso una condición: fijar un plazo concreto para la votación. El PP de Álava, a través del senador Manuel Uriarte, apostó por "enfriar" el conflicto hasta convencer a la Junta de Castilla y León de que "Treviño es un puro accidente histórico".

El PSOE propuso el lunes en el Senado dar prioridad a la prestación de servicios a los habitantes del enclave burgalés y, una vez que esta cuestión se haya encarrilado, recuperar el debate sobre la pertenencia del enclave. Esto no se produciría, en principio, antes del año 2004 o 2005, según los cálculos del portavoz socialista, Juan José Laborda. El PP, a través del secretario de Estado de Administración Territorial, Jorge Fernández, aceptó la idea como "interesante". La Diputación de Álava también está dispuesta a estudiar la oferta "muy seriamente". Ormazabal dijo que podría sacrificar sus pretensiones de inmediatez en el conflicto y esperar otros seis años hasta que se celebre el referéndum, pero siempre y cuando se establezca un plazo concreto y que exista además "un compromiso interinstitucional y entre los partidos". Una situación parecida se dio en 1995, cuando una ponencia del Senado determinó que se debía crear una comisión mixta entre el País Vasco y Castilla y León con un doble objetivo: solucionar el problema político de la desanexión y el de la prestación de servicios. Así lo reconoció ayer el senador alavés del PP Manuel Uriarte -"es una vuelta al buen camino del año 1995", comentó-, quien cree que el conflicto se debe "enfriar" para "un día plantear la desanexión" y "convencer a Castilla y León de que Treviño es un puro accidente histórico". A su juicio, en estos tres últimos años "se ha trabajado poco, se ha incidido mucho en la desanexión, algunos incluso con mal humor" y por tanto, "ya que los ánimos están recalentados hay que reconducir la ponencia". Uriarte flexibilizó los plazos: "Podría ser en el 2004 como en el 2001". Tanto el PP como el PSOE en Álava creen que se debe potenciar la Comisión Mixta. Fernando Buesa, líder del PSE alavés, afirmó que ese órganismo "nunca ha tenido una agenda concreta para resolver los problemas" y criticó a Ormazabal por "no cumplir con su principal responsabilidad, que es prestar servicios en cooperación con Burgos". Según el dirigente socialista, la vía para solucionar el conflicto pasa primero por ayudar a los treviñeses en áreas "sanitarias, educativas y servicios sociales" y recurrir al referéndum "al final del proceso". De momento, la entidad foral ha concedido un plazo de 15 días a Valladolid para que le entregue el informe negativo sobre el referéndum solicitado en la consulta popular del 8 de marzo. De lo contrario, Ormazabal se planteará "si tiene futuro" la Comisión Mixta. El alcalde de Treviño, Ernesto Argote, que presentará la dimisión en los próximos días, criticó a todos los partidos por el desarrollo del "proceso anterior y el que nos ofrecen ahora". "Estas declaraciones las hemos oído mil veces", agregó. El alcalde de La Puebla de Arganzón, Alfredo Oraá, comparte la impresión de Argote: "La propuesta no es novedosa y sigue sin dar solución a nuestros problemas reales". Sin embargo, el presidente de la Diputación de Burgos, Vicente Orden, afirmó que la Junta de Castilla y León y la Diputación ya han tomado una serie de acuerdos y que "no se adoptarán otros nuevos hasta que no sepamos si son operativos".