Los populares denuncian "trato de influencia" en la concesión del gas en Alcoy y piden que se investigue

Las sospechas sobre la adjudicación del servicio de gas ciudad de Alcoy y Cocentaina a la mercantil Alcoy Cocentaina Gas, SA, provocaron ayer las primeras reacciones. Miguel Peralta, portavoz del PP en el consistorio alcoyano, afirmó que el proceso administrativo realizado por el equipo de gobierno "pudo haber violado la Ley de Contratos del Estado", y denunció lo que en su opinión es un caso claro de "trato de favor o tráfico de influencias". El alcalde, el socialista Josep Sanus, negó las acusaciones y se ratificó en su convicción de que el proceso se ajustó en todo momento a la legalidad.

La confirmación de que la mercantil que consiguió la concesión se constituyó una semana antes de la adjudicación y se inscribió en el Registro Mercantil el mismo día en que resultó seleccionada , llevó ayer al portavoz popular a plantear la creación de una comisión de investigación "para aclarar la adjudicación". La concesión no contó con el beneplácito de los técnicos municipales, que evitaron valorar la oferta de la empresa por limitarse su documentación a los proyectos básicos. Peralta exigió una explicación pública acerca de la inusual rapidez con la que el Ayuntamiento de Alcoy desarrolló el expediente, y responsabilizó directamente de las posibles anomalías a los concejales socialistas Juan Antonio Fernández y Jordi Seguí, al frente de los departamentos de Obras y Servicios y Promoción Económica, respectivamente, a los que pidió la dimisión por considerar que su gestión merece "muy poca confianza". Según el PP, el supuesto trato de favor hacia la mercantil vendría dado por la fecha que figura en el proyecto de instalación de la conducción del gas: octubre de 1997, varios meses antes de que existiera Alcoy Cocentaina Gas, SA. Según Peralta, ese proyecto se realizó por encargo de la Sociedad de Inversores de las Comarcas Centrales, vinculada a la mercantil que consiguió la concesión. "Parece que por aquel entonces ya sabían que se les iba a adjudicar el servicio", dijo el concejal de la oposición. Otro de los puntos cuestionados es la fianza provisional que las empresas deben depositar en el Ayuntamiento. En este caso, el pago se realizó el 10 de febrero, con posterioridad al acto de apertura de plicas que se celebró el día anterior. El PP también duda de la legalidad del acto de retranqueo, que se desarrolló el 11 de febrero sin la preceptiva aportación del proyecto técnico de obras, y tras haber sido adjudicado el servicio por el pleno municipal. El alcalde, Josep Sanus, declaró sentirse "indignado" ante estas acusaciones y mantuvo que el proceso administrativo se ajustó a la ley. Sanus no rebatió las acusaciones, ya que prefiere esperar a la respuesta de los tribunales, a los que ha llegado el caso por el contencioso-administrativo interpuesto por Cegas contra las concesiones de Alcoy y Cocentaina. El alcalde sí quiso matizar su "firme apoyo" a la iniciativa empresarial comarcal adjudicataria del servicio. Mientras, tanto el equipo de gobierno como la oposición de Cocentaina prefirieron no valorar la denuncia.