Educación, salud y justicia coparon las 4.394 quejas al Defensor del Pueblo Andaluz en 1997
El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, entregó ayer en el Parlamento regional su informe anual, en el que se recoge un auténtico mapa de los problemas que más preocupan a los andaluces. Un año más, educación y salud, seguidas a corta distancia por la justicia, copan el grueso de las 4.394 quejas presentadas por los ciudadanos de la comunidad durante 1997, que se ha caracterizado por un enorme aumento de los quejidos (casi 1.300 más que en 1996). El informe arremete especialmente contra la falta de planificación de las políticas educativas y contra las listas de espera sanitarias.
El informe del defensor, ya disponibles en Internet, plantea un panorama diáfano de los problemas de los ciudadanos con sus administraciones. Las políticas de Educación suscitaron 874 quejas de ciudadanos, algunas de ellas colectivas, y la apertura de oficio por parte del defensor de otras 12. A corta distancia se situó Salud, que recibió un total de 713 quejas, seguida de Justicia, con 643. El informe de 1997 arremete con inusitada dureza contra las políticas de la Consejería de Educación, de la que es titular Manuel Pezzi, a la que en reiteradas ocasiones acusa de "falta de planificación", y a la que reprocha especialmente el "franco retroceso de las políticas sociales en el ámbito de la educación", por lo que pueda suponer de "progresivo desmantelamiento de las políticas sectoriales de atención educativa a colectivos desfavorecidos". El capítulo dedicado a Educación, el más extenso por su pormenorizado análisis de las quejas, únicamente le pone una medalla a los programas de educación de adultos, de los que Chamizo dice que los andaluces deben sentirse "orgullosos" por haber reducido la tasa de analfabetismo del 12% al 4%. Sin embargo, inmediatamente ataca el déficit de centros de secundaria, especialmente en los barrios y zonas rurales, y arremete contra el programa de infraestructuras, por haber quedado "muy lejos de cubrir las mínimas expectativas de cara a la implantación de la ESO". "Posición muy crítica" Destaca la "posición muy crítica" con el programa Aula 2000, por el que la Consejería de Educación ofrece a ayuntamientos y diputaciones la posibilidad de firmar unos convenios para que éstos adelanten el costo de las infraestructuras educativas necesarias para su comunidad, " recibiendo a cambio la promesa de que los costes principales de estas obras le serán posteriormente reembolsados por la consejería". Chamizo califica este programa de "hábil maniobra" con "innegable éxito", "pero no por ello deja de ser profundamente injusto", ya que "se ha forzado a los ayuntamientos a asumir unas responsabilidades que no les competen, por el expeditivo procedimiento de desviar hacia los mismos la presión de la comunidad educativa que hasta entonces venía recayendo sobre la Administración autonómica". Además, considera "preocupante que este plan no parece responder a una planificación ordenada de inversiones", por lo que teme que "infraestructuras educativas claramente urgentes y prioritarios, puedan verse postergadas en su ejecución por otros proyectos menos acuciantes". Capítulo aparte también merece la atención sanitaria, donde vuelve a tachar con una cruz las listas de espera, "una verdadera suspensión impuesta del derecho a la asistencia sanitaria" que "implica una quiebra asistencial". No obstante, el aumento de quejas más significativo se presencia en el apartado de los derechos a la asistencia sanitaria y sobre el derecho a la protección de la salud de los enfermos mentales. La rica casuística de Salud incluye "negativas asistenciales, conflictos de la praxis médica, problema de atención humana y residencial, vacíos de la asistencia, carencia o penuria de medios, y otros aspectos que se derivan de la burocratización de la prestación sanitaria". El tercer gran apartado lo constituye la Justicia, con su récord de 22 quejas abiertas de oficio por parte del defensor. En este capítulo, el informe subraya los juzgados de Roquetas de Mar (Almería) como "paradigma de mal funcionamiento" y destaca el que entre finales de 1996 y 1997 se produjeran 13 muertes por suicidio o sobredosis en las cárceles andaluzas.
Colaboran, pero falta eficacia
José Chamizo está más que satisfecho con el grado de colaboración de las administraciones, pero... El pero, en este caso, es una reflexión de varios folios en la que el defensor sugiere a los gobernantes que, cuando se den cuenta de que la queja de un ciudadano no sólo está bien motivada, sino que refleja un fallo o carencia normativa, deberían plantearse cambiar la norma que no funciona. El defensor lo plasma así: "Insistiendo en la satisfacción institucional por este más que aceptable grado de respuesta, no cejamos en procurar aumentar su grado de eficacia y de alcance". "Son esos casos", reflexiona Chamizo, "en los que la Administración acepta las resoluciones del Defensor y sobre los que esta Institución aguarda, lógicamente, una respuesta coherente en orden a su cumplimiento cierto, más allá de un mero acatamiento formal". Es decir, un cambio en la normativa, un paso más allá de darle simplemente la razón. El grado de colaboración que pondera el defensor ha supuesto una sustancial disminución de las administraciones distinguidas con el baldón de haber mantenido una "actitud entorpecedora" con el trabajo del ombudsman. Son tres: los ayuntamientos de Pizarra (Málaga) y Villanueva del Río y Minas (Sevilla) y la Delegación de Obras Públicas y Transportes de la Junta en Granada. Este baldón se lo acaba de retirar a la Consejería de Cultura, que tras años de insistencia dio por fin el año pasado una respuesta al grado de aplicación del llamado "porcentaje cultural", ese 1% del coste de las obras públicas de más de 100 millones de pesetas que debería dedicarse a la cultura, a la que, dice, "ciudadanos y gobernantes dan una escasa valoración". Y pese a la respuesta dada por Cultura, Chamizo no está muy convencido de que realmente ese 1% cultural se esté aplicando. De hecho, sólo tiene constancia de una partida de ocho millones destinada a este fin en 1997.
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