Plan para convertir en corredor verde el suelo tóxico de Doñana

Recoger los lodos tóxicos del entorno de Doñana llevará como mínimo cinco meses, pero recuperar los suelos agrícolas y -sobre todo- su imagen internacional será un camino largo y tortuoso. La Junta de Andalucía propuso ayer renunciar definitivamente al uso agrícola de los terrenos afectados y transformarlos en un corredor verde que, de paso, albergue y regule la principal aportación de aguas al Parque Nacional de Doñana. Las dos principales asociaciones agrícolas se muestran receptivas a la medida, siempre que se evite la vía de las expropiaciones y se llegue a un acuerdo sobre el precio de sus tierras.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Luis Blanco, lanzó ayer la propuesta del corredor verde en una reunión extraordinaria del Patronato de Doñana, un organismo rector que reúne a las dos administraciones y a técnicos bajo la presidencia de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino. Blanco y Tocino comparecieron juntos ante la prensa tras la reunión y se mostraron satisfechos de la coordinación entre las dos administraciones.Y ésa no fue la única sorpresa. La ministra, que ha destacado durante las últimas semanas por su pericia para esgrimir textos legales que la eximen de responsabilidad en la crisis de los vertidos, admitió ayer que «la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente de su ministerio) es titular del cauce y las márgenes del río Guadiamar» y asumió la «responsabilidad» de limpiar los lodos antes de las lluvias de octubre.

El consejero Blanco cree necesario abandonar para siempre los usos agrícolas de las 2.000 hectáreas de cultivos afectadas, junto a las márgenes del río Guadiamar, y ello por tres razones. Primero, para garantizar que los equipos de limpieza puedan acceder a esos terrenos sin impedimentos. Segundo, para transmitir seguridad a los mercados agrícolas internacionales. Y tercero, ya con la vista puesta en el largo plazo, para afrontar de una vez la vieja asignatura pendiente de reforestar la cuenca del Guadiamar.

Organizaciones receptivas

Hasta la rotura de la presa de Aznalcóllar, el mayor problema que tenía planteado el Parque Nacional de Doñana era la colmatación de sus marismas: los ríos que nutren al parque transcurren por zonas deforestadas, por lo que arrastran arcillas que acaban depositándose en las marismas y reduciendo su capacidad para admitir agua. La solución a este grave problema pasa por reforestar las márgenes del Guadiamar, un proyecto imposible de realizar mientras los agricultores no vendan sus tierras.Y ahí está el quid de la cuestión. Blanco mencionó ayer tres posibilidades sobre las tierras de cultivo afectadas, que actualmente pertenecen a unos 400 agricultores. Primera, que los propietarios decidan voluntariamente vendérselas a la Administración. Segunda, que las cedan en régimen de consorcio (una práctica habitual por períodos de 20 o 30 años). Y tercera, expropiárselas. En contra de lo que cabría esperar, las principales organizaciones agrarias se mostraron bastante receptivas a la propuesta.

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Ricardo Serra, señaló que «hablar de expropiaciones es muy precipitado», pero añadió: «Siempre estamos abiertos a acuerdos amistosos». Y Miguel López, secretario general de la Coordinadora de Asociaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) en Andalucía, se expresó en términos parecidos, si bien hizo hincapié en que las tierras deberán pagarse a precio de mercado.

Ambos líderes agrarios comentaron luego que, en las reuniones que vienen manteniendo con los agricultores afectados, va tomando cuerpo la idea de vender las tierras, ante la previsible dificultad de colocar sus productos en el mercado durante muchos años.

Isabel Tocino aseguró que su departamento pondrá todos los medios humanos y materiales necesarios, incluida la contratación de empresas privadas, para limpiar los lodos antes de octubre, y garantizó el resultado siempre que un régimen anormal de lluvias durante el verano no añada dificultades insalvables al trabajo. El Gobierno central adelantará inmediatamente entre 5.000 y 5.500 millones de pesetas, sin esperar a que una resolución judicial determine las responsabilidades civiles de la empresa Boliden.

[Greenpeace matizó ayer que su decisión de aplazar temporalmente una intervención masiva de voluntarios en la zona nada tiene que ver con los problemas de intendencia (véase EL PAÍS del viernes pasado), sino con la elevada toxicidad de los lodos vertidos en Doñana. La organización ecologista protestó por haber sido excluída de la reunión del Patronato.