Bienestar Social subvencionó la empresa de cunicultura de dos cargos de la consejería

La Consejería de Bienestar Social subvencionó en 1997 con más de cinco millones de pesetas a la Sociedad Agrícola de Transformación (SAT) Encollà, una empresa de cunicultura ubicada en Chiva que es propiedad de Fernando Pérez Campos, jefe de programas de la Dirección Territorial de Asuntos Sociales y presidente del PP de Benaguasil; Manuel Puig, director del Centro de recepción de menores de Godella, y un tercer socio, ex trabajador de ese centro. Las ayudas se concedieron para favorecer la integracion de jóvenes procedentes de entornos marginales.

La SAT Encollá fue registrada en febrero de 1989 en la Dirección General de Desarrollo del Ministerio de Agricultura, constituida con un capital social de 1.750.000 pesetas desembolsado por cuatro socios: Pérez Campos, Puig, el ex trabajador de la consejería y actual encargado de la granja, Fernando Mascarell, y otro accionista, ya retirado de la sociedad. El objetivo de la empresa, que figura como tal en los archivos de la Cámara de Comercio y en el Registro Mercantil de Valencia, era la explotación comunitaria de ganado, y sus expectativas económicas pasaban por obtener un beneficio anual superior a los cinco millones de pesetas gracias a la producción de 98.000 kilogramos de carne de conejo. El carácter mercantil de la firma no fue nunca obstáculo para que la SAT percibiera subvenciones de la Consejería de Bienestar Social -en sus diferentes denominaciones- desde principios de la década de los 90, con la Generalitat aún gobernada por el PSOE. Durante 1997, la Consejería de Bienestar Social, más concretamente la Dirección General de Servicios Sociales, concedió una ayuda de 5.800.000 pesetas a la empresa, ubicada en media hectárea de terreno de una partida rural de Chiva. La concesión de la ayuda tenía, según la consejería, una clara finalidad: "Potenciar la integración sociolaboral de determinados colectivos con problemas de marginación social mediante el apoyo terapéutico y la formación prelaboral". Ocho jóvenes, procedentes del mismo Centro de Recepción de Menores de Godella o enviados por algunos ayuntamientos trabajaron con esa teórica finalidad durante todo el año, en horario de mañana y bajo la única supervisión de Mascarell, responsable de una SAT dedicada a la cría de conejos cuya carne, obviamente, es comercializada. Esta sociedad es la única empresa que aparece en la relación de entidades favorecidas con este tipo de ayudas, copadas en su casi totalidad por sociedades sin ánimo de lucro y colectivos religiosos. De hecho, la única entidad mercantil receptora de ayudas que figura en el listado de beneficiados de la consejería es la SAT Encollá, presentada como tal y en ningún caso como escuela de trabajo, iniciativa social o entidad benéfica. El gabinete de prensa de Bienestar Social no facilitó ayer ni el listado de las 30 entidades beneficiadas ni las cantidades que percibieron. Este diario tampoco pudo hablar ayer con María Luisa García Merita, directora general de Servicios Sociales, el departamento de la Consejería de Bienestar Social encargado de conceder las ayudas recibidas por Pérez Campos -que fue ascendido a jefe de programas de su anterior puesto de Coordinador Técnico en Godella-, Puig y Mascarell. Posible incompatibilidad Varios juristas consultados por EL PAÍS aseguraron ayer que la concesión de ayudas por parte de una administración pública a algunos de sus empleados -en este caso dos trabajadores con cargos de responsabilidad y libre designación, uno de ellos, afiliado y presidente de una agupación del partido en el poder- viola la Ley de Incompatibilidades a la que están sometidos los funcionarios y, posiblemente, la Ley de Contratos del Estado. Estas supuestas irregularidades se verían agravadas por la utilización de jóvenes de entre 16 y 18 años, todos ellos muchachos crecidos en un entorno marginal, procedentes de familias desestructuradas y en algunos casos con problemas de drogadicción, en una actividad creada con el lícito objetivo de obtener beneficios económicos. A pesar de ello, la cuenta de resultados presentada por la SAT Encollá en 1996 deja traslucir pérdidas -bien es cierto que mínimas- de 51.065 pesetas.