"No se puede señalar a los jueces del País Vasco como se ha hecho"

La entrevista se mantiene cuando al presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugeni Gay Montalvo, de 52 años de edad, acaban de comunicarle el asesinato de Tomás Caballero, concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN). El marcaje a los jueces que no hablan euskera por parte del autodenominado Sindicato de Abogados Euskaldunes -de Herri Batasuna (HB), en realidad- iba a ser el punto central de la cita. Gay comenta que uno de los hijos de la víctima es secretario del Colegio de Abogados de Pamplona y que el decano defendió a Caballero en la querella que HB presentó contra él y que fue archivada. "Había llamado asesinos a los de ETA y han ido a por él para darle la razón", comenta Gay, afectado. La tragedia cambia el guión. Así, comienza expresando su "absoluta consternación" por el asesinato.Pregunta. La sociedad asiste perpleja al marcaje de los jueces del País Vasco que no hablan euskera por parte de abogados que fuerzan la suspensión de los juicios si los magistrados no conocen ese idioma.

Respuesta. El Consejo ha apoyado la resolución del Colegio de Bilbao en el sentido de que no se debe señalar a nadie en el País Vasco, teniendo en cuenta lo que ello puede representar y lo acabamos de ver ahora, con este asesinato en Pamplona. Otra cuestión es el derecho que tienen los euskaldunes a celebrar los juicios en su propia lengua. Es un derecho constitucional y creo que se debe hacer un esfuerzo para que la gente se pueda expresar en ella ante los órganos de Justicia. Pero lo que no se puede hacer es señalar a un juez de la forma como se ha hecho. Eso lo rechazamos absolutamente.

P. Si la cuestión se sigue enconando, ¿ha contemplado la abogacía la posibilidad de poder llegar a inhabilitar a esos letrados?

R. Sí, naturalmente; si hubiera una infracción de las normas deontológicas. Nosotros no podemos perseguir el delito u otro tipo de conductas que escapan de la función disciplinaria de la abogacía. Pero creo que no debemos radicalizar los temas de la lengua. Hemos de favorecer que las personas que se expresen en una u otra lengua lo puedan hacer con normalidad, sin coacciones.

P. El justiciable puede expresarse en la lengua que prefiera, pero cuando el juez no la habla...

R. Lo ideal sería que en las comunidades bilingües los jueces conocieran las dos lenguas. Eso no siempre es posible y no puede llegarse tampoco a una situación en la que todos los españoles conozcan todas las lenguas del Estado para tener acceso a la Justicia. Pero sí que ha de haber una predisposición y hasta el presente no han existido graves problemas. Lo lamentable sería que un determinado juez se negase a atender en una determinada lengua a los justiciables. Ahora bien, tampoco se le puede imponer a un juez, recién llegado a una comunidad o que no conoce esa lengua, que no pueda ejercer la judicatura.

P. La Constitución también establece el castellano como idioma oficial...

R. Lo es, lo es. Y debemos ser enormemente respetuosos con ella.

P. El respeto a la Constitución no se pone en duda.

R. No; sí que se pone en duda en muchas ocasiones, por desgracia. Estamos muy preocupados por el tema del euro, que me parece enormemente importante, pero nos olvidamos de que todavía no se ha renovado el Tribunal Constitucional. A mí me parece de una irresponsabilidad absoluta. La política de un país no es sólo su aspecto económico. Cuando, desgraciadamente, en un Estado se es incapaz de designar a las personas que han de regir los cargos de la más alta magistratura, en muchas ocasiones la causa es que se quiere a personas afines para que juzguen y no se está queriendo justicia, sino una justicia que sea amiga.

P. Los jueces se quejan con frecuencia de la deficiente preparación de muchos letrados.

R. Y es lógico y comprensible, porque padecemos una masificación absoluta. Somos el país con mayor número de abogados de Europa, en torno a los 120.000, y el derecho de defensa se trata a veces, desgraciadamente, como una mercancía. Aquí aún estamos hablando de acceso a la profesión cuando algunos países ya tienen establecida la formación permanente y abogados con muchos años de ejercicio han de acreditar cada año un número de cursos para seguir ejerciendo.

P. ¿Qué soluciones ve frente a esa masificación?

R. Invertir mucho más en formación universitaria. Los jóvenes, cuando llegan, no son conscientes de que dependen de los clientes que tengan. En muchas ocasiones pretenden, después de terminada la carrera, tener ya resuelto el problema económico. Eso es absolutamente imposible en una profesión liberal.

P. El ciudadano tiene la sensación de que el abogado cobra caro y de que si tiene una actuación deficiente no hay nadie que le ampare frente al colectivo.

R. Si vamos hacia el modelo norteamericano de abogacía, la credibilidad irá bajando cada vez más. Si vamos hacia el europeo, aumentará. A veces, cuando los colegios han acordado sanciones severas contra abogados que han contravenido las normas deontológicas, han encontrado incluso el rechazo social y el de determinada prensa, que ha criticado unas medidas contra personas que difícilmente podrían ejercer en alguno de estos países porque no tendrían cabida.