La Agencia de Protección de Datos investiga la fuga de información de Telefónica a "Egin"

La Agencia de Protección de Datos (APD), el organismo responsable de velar por la intimidad de los ciudadanos frente a los abusos de la informática, ha abierto un expediente para investigar la filtración de datos confidenciales de Telefónica a Egin, según manifestó ayer el director de la APD, Juan Manuel Fernández López. Los listados de llamadas realizadas desde el piso que tenía el Cesid sobre la sede de HB en Vitoria han permitido al citado diario identificar al menos a dos agentes del servicio secreto y publicar sus señas personales, así como las de sus familiares.

Juan Manuel Fernández López, quien se hizo cargo de la dirección de la agencia a principios del pasado mes de abril, declaró ayer a EL PAÍS que ordenó la apertura de un expediente en cuanto tuvo conocimiento de la publicación en el diario Egin de datos supuestamente confidenciales procedentes de la Compañía Telefónica.Se trata, según explicó, de unas diligencias informativas a cargo de la Subdirección de Inspección de la APD, que se transformarán en un expediente sancionador si se demuestra que ha existido vulneración de la Ley Orgánica de Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (LORTAD).

Habrá que determinar, añadió, si la presunta filtración se ha debido al comportamiento desleal de un empleado o a una acción de piratería informática sobre los archivos de la compañía. Fernández López admitió que el expediente tiene gran dificultad, pues aún no existe un reglamento sobre medidas de seguridad que determine las disposiciones que han de adoptar las empresas para proteger los datos personales que tengan en su poder. Precisamente, el Ministerio de Justicia tiene ya muy avanzado un proyecto de reglamento sobre esta materia.

Para el director de la APD, la filtración de estos datos confidenciales a un diario próximo a HB, constituye "un hecho muy grave" por lo que, al margen del resultado del expediente en curso, "la competencia principal" para dilucidar este caso corresponde a los tribunales.

Como opinión estrictamente personal y desde su experiencia como magistrado, Fernández López cree que "el asunto debe ser investigado en la vía penal". Hasta ahora, sin embargo, no hay noticia de que se hayan abierto diligencias..

Por otra parte, el director de la agencia confirmó que puso en contacto con el Ministerio de Defensa a raíz de la convocatoria, el pasado 20 de febrero, de un concurso publicitario que incluye un mailing o envío postal a dos millones de jóvenes, a los que se invitará a enrolarse como soldados profesionales. Respecto a la legalidad de esta iniciativa, afirma que "la clave está en si los datos se van a utilizar para el mismo fin con el que fueron recabados, ya que el artículo 4 de la LORTAD prohibe utilizarlos para otra finalidad". Fernández López se ha limitado a recordar al Ministerio de Defensa este precepto, sin pronunciarse sobre si la campaña publicitaria es o no un fin diferente al reclutamiento del servicio militar, para el que los ayuntamientos entregaron las listas de mozos, ya que, "al ser la agencia el órgano sancionador de los incumplimientos de la ley, no puede prejuzgar".

No obstante, el responsable de la APD agrega que, si finalmente Defensa encarga a una empresa la realización del mailing, ésta deberá comprometerse mediante contrato a destruir los datos tras cumplir el encargo, sin que sea posible su cesión o utilización con otro objetivo. El ministerio, agrega, debería adoptar las cautelas mínimas necesarias para garantizar el cumplimiento de este compromiso, "aunque no puede llevarse al extremo de partir de la presunción de que el adjudicatario va a delinquir".

Finalmente, la agencia está ultimado el proyecto de reforma de la LORTAD para adaptarla a la directiva de la Unión Europea, ya que el plazo de trasposición de la misma a las legislaciones nacionales acaba este año. Fernández López considera que la ley española no necesita grandes modificaciones -la principal es ampliar su campo de aplicación a los ficheros manuales y no automa-tizados-, aunque su propósito es aprovechar la reforma para corregir las deficiencias que se han observado desde su entrada en vigor, en enero de 1993.

La reforma legal se abordará, en todo caso, sin esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos presentados hace seis años y para cuya resolución aún no hay fecha.