Los sindicatos rechazan el criterio salarial de Rato y se guiarán por el IPC español
Los sindicatos seguirán defendiendo el mantenimiento del poder adquisitivo en los convenios -es decir, aumentos salariales en torno a la previsión de inflación española- y rechazan la «sugerencia» del vicepresidente económico, Rodrigo Rato, consistente en ajustar las subidas a la inflación media europea. Comisiones Obreras aceptaría esa recomendación sólo si los sueldos en nuestro país se equiparan también con los de la Unión Europea. Por su parte, UGT calificó de «irresponsables» las afirmaciones del ministro.
El portavoz de CC OO, Javier Doz, considera «hiriente» que el Gobierno insista en la necesidad de moderar los sueldos al mismo tiempo que «a magistrados del Tribunal Supremo se les anuncia una subida del 60%, y poco después de que secretarios de Estado y jefes de gabinete de subsecretarios reciban incrementos del 30% y el 12%».Tras la última petición de moderación salarial de Rato, defendida con reiteración por el Banco de España, el dirigente sindical sugiere al ministro que aconseje que parte de los excedentes empresariales se orienten a inversiones productivas y creación de empleo. Doz reafirma que su sindicato defenderá el mantenimiento del poder adquisitivo en la negociación colectiva.
Un criterio que comparte con UGT, porque estimula el consumo y crea empleo. El responsable de comunicación de esta central, Antonio Ordóñez, pidió al Gobierno que no reclame siempre sacrificios a los trabajadores, y que los dirija a los empresarios. Asimismo aseguró que han sido precisamente los asalariados los que más esfuerzos han hecho para que España acceda al auro, mientras que los empresarios han aumentado sus beneficios y reducido sus plantillas.
El ministro de Trabajo, Javier Arenas, aprovechó ayer su comparecencia tras el Consejo de Ministros para animar a los sindicatos a que acepten su nueva oferta de diálogo para desarrollar los acuerdos sobre estabilidad en el empleo.
También informó de la aprobación en la reunión del Gabinete de una partida de 95.075 millones de pesetas destinada a las comunidades autónomas para programas de apoyo a la creación de empleo; así como otros 52.424 millones para formación profesional ocupacional que serán distribuidos entre las comunidades que la gestionan; ayudas para escuelas taller y casas de oficios; y otras para la jubilación de trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas por un importe de 1.325 millones de pesetas.
Cataluña y Galicia, comunidades a las que ya se ha traspasado la gestión de las políticas activas, reciben este año 11.693 y 4.986 millones de pesetas, respectivamente para fomento del empleo; y 4.995 y 3.281 millones para la gestión del programa de escuelas taller y casas de oficios.
El Consejo aprobó también la remisión al Parlamento del proyecto de ley reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, cuyo objetivo es facilitar la financiación de la pequeñas y medianas empresas. Y estudió el real decreto de titulización de activos.
