El Gobierno vasco teme que el Ministerio de Justicia recurra el acuerdo sobre las plantillas

El Departamento de Justicia teme que el Gobierno central recurra a través del ministerio homólogo el acuerdo de plantillas cerrado en 1997 entre la consejería que dirige Francisco Egea y los principales sindicatos y que ha envenenado las relaciones entre ambas administraciones en los últimos meses. El ministerio de Margarita Mariscal de Gante reiteró ayer que no remitirá el acuerdo al Consejo General del Poder Judicial, tal como exigió éste en marzo. Tras la publicación esta semana del plan de plantillas en el BOE, el ministerio dispone de dos meses para recurrirlo.

Los canales de comunicación entre los responsables de Justicia de las administraciones central y vasca están cortocircuitados. Pese a las buenas palabras empleadas en público tanto por Mariscal de Gante como por Egea para reconducir la polémica sobre las plantillas de funcionarios en la Administración de Justicia vasca, los equipos negociadores no han vuelto a contactar en serio desde que la ministra compareció, el 25 de febrero pasado, ante el Congreso de los Diputados para acusar al Ejecutivo autónomo de saltarse la legalidad. La publicación esta semana en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo de plantillas ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos del departamento que dirige Mariscal de Gante, según indicó ayer el subdirector general de Personal del Ministerio de Justicia, Fernando Martos. Aunque Martos no se atrevió a confirmar las sospechas del Ejecutivo vasco, reiteró que el acuerdo suscrito por el Departamento de Justicia con las centrales ELA, Comisiones Obreras y UGT es ilegal, porque hay una desviación superior al 5% de las dotaciones totales y cuerpos admitida por la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación a la plantilla existente en el Estado antes del traspaso de competencias, realizado en abril de 1996. Seis ilegalidades El equipo de Mariscal de Gante considera que al menos seis de los requisitos recogidos en la propuesta vasca vulneran la legalidad vigente, tal y como ya recordó la ministra en su comparecencia parlamentaria a petición de Eusko Alkartasuna (EA). Junto a esto, Justicia no tiene previsto remitir el acuerdo al Consejo General del Poder Judicial para que éste emita un dictamen no vinculante sobre la propuesta ni al Consejo Fiscal. El órgano de gobierno de los jueces criticó esta actitud el 10 de marzo pasado, en una reunión en la que estableció que el Ministerio de Justicia "ha impedido" la labor de ambos órganos de control. Ayer, fuentes del ministerio se reafirmaron en su negativa a remitir ningún documento porque "no tiene ningún sentido". Mientras, el viceconsejero de Justicia, Iñaki Sánchez, cree que el Gobierno central agotará los dos meses que tiene para presentar el recurso. "La posibilidad de que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional es el peor de los escenarios, porque eso supondría la suspensión del acuerdo y que el tema se prolongara en el tiempo muchos años", asegura Sánchez. La polémica abierta entre ambas administraciones por el asunto de las plantillas de funcionarios será una de las cuestiones que abordará Egea el próximo martes en la reunión que mantendrá en Vitoria con el presidente del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio. "Para nosotros este tema es clave porque entendemos la Justicia como un servicio público. La posibilidad de poner en marcha los elementos humanos para dar respuesta en tiempo real a las peticiones que plantean los ciudadanos a la Justicia es prioritaria, incluso por encima de la polémica de la euskaldunización, que yo creo que acabará reconduciéndose; y así se lo vamos a transmitir a Delgado", comentó.