Una ola de violencia de paramilitares siembra de cadáveres Colombia

Los despachos del Ministerio del Interior colombiano, del Ministerio de Defensa, y de funcionarios de la provincia del Meta han recibido desde enero cartas con un mensaje de alarma: en Puerto Alvira, los paramilitares planean una masacre. Nadie movió un dedo. El lunes, 21 personas murieron en Mapiripán y el martes en la noche un horror más se sumó a esta cadena . En Bolívar, población de la provincia de Santander, varios hombres encapuchados llegaron a la casa de un campesino y dispararon contra todos: el padre, la madre de 38 años, y sus nueve hijos. Todos murieron.

Cuando terminó la matanza en Bolívar, los asaltantes prendieron fuego a la humilde vivienda. Aunque el Ejército dice que esta atrocidad es producto de venganzas personales, parece en realidad formar parte de una ofensiva en varias regiones de grupos paramilitares contra poblaciones sospechosas de colaborar con la guerrilla. El comandante militar de la zona descartó la autoría de la guerrilla, aunque hay dos frentes de guerra en la zona.La nueva matanza se ha producido cuando ni siquiera ha habido tiempo para reaccionar tras los 21 muertos del lunes en Puerto Alvira . Desde hace años en esta zona hacen las veces de autoridad tres frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El 16 de julio del pasado año llegaron a Mapiripán en vuelos clandestinos los paramilitares. Venían de la provincia de Córdoba, en el Caribe, cuna de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, el más sanguinario de los grupos paramilitares . En esa ocasión ya hubo al menos 15 muertos y la amenaza clara de llegar hasta Puerto Alvira «foco de narcoguerrilleros», como lo llamaban los matones.

Desde entonces, los campesinos, la mayoría colonos atraídos por la bonanza de la coca y desterrados por la pobreza del resto del país, empezaron a pedir la presencia de las fuerzas militares para desactivar estos ejércitos privados que llegaron a montar retenes para controlar la entrada de alimentos y personas.

Al confirmarse la masacre del lunes, el fiscal general Alfonso Gómez Méndez, dijo que resultaba increíble que en la zona, con los antecedentes conocidos, no existiera presencia de la fuerza pública. Y aseguró que el Ejército no ha tomado en serio la violencia generada por los paramilitares .

Negligencia de las autoridades

El Defensor del Pueblo, José Fernando Castro, anunció que pedirá a la fiscalía de los funcionarios públicos que determine si hubo negligencia de las autoridades a las que él advirtió del peligro.Por su parte las fuerzas de seguridad aseguraron que hacen todo lo posible. El director de la policía, general Rosso José Serrano, declaró que es imposible tener agentes en todas las poblaciones del país, y aclaró que hay sitios, entre ellos citó a Mapiripán, donde corre peligro la vida de los policías.

Varias organizaciones de derechos humanos reclamaron la responsabilidad del Estado por negligencia. Para Almudena Mazarrasa, la española delegada de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, los culpables son las autoridades. «No solamente el Ejército», aclaró.

«Todos estos hechos hacen parte de un plan de exterminio y expansión diseñado por los paramilitares en la zona sur del país. Se trata de una histórica disputa para obtener el control económico, político y territorial de la zona epicentro del narcotráfico», escribió Teófilo Vázquez, investigador del CINEP en un análisis publicado en el diario El Espectador.

El miércoles, mientras 2.500 personas trataban de salir afanosamente de Puerto Alvira, llevando en maletas y cajas sus pocas pertenencias, empezó a llegar el Ejército a esa apartada población.