UGT y CC OO no harán "casus belli" de la aplicación de la ley del catalán al funcionariado

Los sindicatos mayoritarios se han tomado con más calma que los políticos los decretos que aplican la ley del catalán, especialmente el que se refiere a los funcionarios catalanes, tanto de la Generalitat como de los ayuntamientos. Ni CC. OO. ni UGT harán del mencionado decreto una bandera contra CiU. Un portavoz de UGT de la Administración pública dijo ayer que, de hecho, la exigencia del nivel C para funcionarios de cierto nivel y del A para los subalternos se viene aplicando sin mayores problemas desde el acuerdo de normalización de 1991.

Más crítico se mostró un portavoz de función pública de CC. OO. que dijo que esperaba de la Generalitat una aplicación pactada y paulatina de su proyecto, que también afectará a los trabajadores de la Administración local. El portavoz de CC. OO. puso como ejemplo los acuerdos a los que se ha llegado en ayuntamientos como el de Sabadell, que han tenido como base el pacto con los sindicatos. "La exigencia de la Generalitat comporta que existan medios para hacer aplicable la ley", añadió. De hecho, el decreto de aplicación sobre la función pública supone cierta rebaja del nivel de catalán que se exigía en determinadas categorías funcionariales. Los niveles de conocimiento del catalán son A, B, C y D, de menor a mayor. El D sólo se exige a los especialistas filólogos y el C, considerado excesivo por muchos profesionales -pues supone un conocimiento exhaustivo de la gramática-, será el que se exigirá a la mayoría. El A quedará para el personal subalterno. Sorpresa en el cine En cuanto a la industria cinematográfica, aún no se ha repuesto de la sorpresa recibida el domingo, cuando conoció a través de la prensa que el Departamento de Cultura preparaba un decreto que obligaría a doblar al catalán hasta la mitad de las copias de las películas más taquilleras. "Estábamos convencidos de que un asunto tan complejo iba a consensuarse con el sector o, al menos, a debatirse antes de elaborar decretos", afirmó ayer un alto responsable del gremio de exhibidores cinematográficos. Sin embargo, el susto inicial ha dado paso a un ambiente de expectación, ya que desde la esfera política llegan al sector mensajes tranquilizadores. Productores, distribuidores y exhibidores se han apresurado a contactar con el Departamento de Cultura, donde se les ha asegurado que todo se negociará. "Creemos que la fuerte reacción de los medios de comunicación ha contribuido a sosegar los ánimos en la Generalitat, porque han constatado que el asunto es delicado y complejo", dijo ayer una fuente de la industria catalana del cine. "No se puede hacer el mismo decreto para todos, porque en ciudades como Figueres podríamos exhibir todas las películas en catalán y no pasaría nada, y si lo hacemos en otras localidades, la gente no irá al cine. La realidad sociocultural y lingüística catalana no es homogénea, y ése es un hecho que la Generalitat tiene que asumir", dijo un portavoz de Pere Balañá, uno de los principales exhibidores de Cataluña. Aunque el doblaje o la subtitulación al catalán supondrán un coste adicional para los distribuidores, éstos reconocen que "no es imposible hacerlo". "Más importante que decidir qué películas extranjeras deben doblarse obligatoriamente al catalán, si deben ser las que se exhiban en más de 18 salas o las que se exhiban en 12, es la flexibilidad. Si nos imponen unas cuotas, que sean globales y que nosotros podamos decidir los porcentajes de catalán y castellano en tal sitio o en tal otro", dijeron en una empresa exhibidora. Entre los distribuidores existe cierto temor a que las cuotas, que afectarán básicamente a la producción de origen estadounidense (el 68% de las películas exhibidas en 1997 en Cataluña), sean aprovechadas por las multinacionales para reforzar su hegemonía: "Pueden decirnos que nos quedemos nosotros con la distribución en catalán y ellos con la castellana, y arrinconarnos todavía más". En otros ámbitos del sector se considera que, consensuada o no, la aplicación de la ley del catalán contribuirá a hacer aún más frágil la industria catalana. "No habrá cine catalán mientras no exista una política industrial, en lugar de una política lingüística", comentó el productor Fèlix Riera. "Habría que bajar del esencialismo a la realidad, y la realidad catalana es bilingüe", añadió.