Fuerte represión policial en Indonesia para frenar las crecientes protestas contra Suharto

Policías y estudiantes indonesios se enfrentaron ayer a brazo partido en Yakarta, donde la policía tuvo que recurrir a los gases lacrimógenos y al disparo de balas de goma para disolver a manifestantes que protestaban contra el alza de precios decretado el día anterior por el Gobierno del presidente Suharto. Los choques de ayer, en la capital y en numerosas localidades del país, produjeron decenas de heridos. A las protestas de los estudiantes, que empiezan a coordinar sus reacción, se han sumado también obreros.

Los estudiantes reclaman la dimisión de Suharto quien, para poder recibir la ayuda comprometida por el Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la crisis económica que sacude al país, ha autorizado subidas del 21% en los precios de la electricidad; del 25% en el keroseno, combustible básico para la cocina de los más pobres, y del 71% en otros combustibles, al tiempo que eliminaba subvenciones al transporte. Estas subidas amenazan con acentuar el malestar social, ya agravado por una inflación que en el primer trimestre fue del 30%. En algunas localidades, los manifestantes han asaltado e incendiado comercios.En los campus de las diversas universidades ya son decenas de miles quienes gritan «¡Abajo Suharto!», y protestan contra un «Nuevo Orden (el régimen) construido con la sangre y el sudor del pueblo». Los estudiantes exigen reformas profundas de un sistema político concebido para el mantenimiento en el poder de Suharto, quien ha dicho que no habrá cambios hasta que en el años 2003 concluya su recién estrenado séptimo mandato presidencial.

«La mayoría de las universidades están hoy unidas en la lucha contra el poder», hace notar un analista. Esta unidad presagia una coordinación, algo nuevo en un país donde el sofocamiento de todo movimiento de oposición había impedido la vertebración del descontento.

Además, más de 200 obreros se concentraron ante la sede del sindicato oficial, el único autorizado, para exigir la dimisión de sus dirigentes a quienes reprochan la congelación del salario mínimo (4.000 rupias, unas 75 pesetas, al día) en el sector privado mientras que el de los funcionarios subía un 15%. En alguna localidad, los camioneros han decidido no salir a la carretera para protestar por el alza del precio del gasóleo. Las subidas de precios han sido muy mal recibidas por la prensa, que, aunque muy controlada, ha publicado críticas tanto de economistas como de personalidades políticas, algunas del propio régimen.

El régimen apenas puede contener las protestas, que se extienden desde primeros de marzo, y los servicios secretos del ejército han recurrido al secuestro y a la tortura de destacados activistas. De los quince secuestrados, sólo once han aparecido al cabo de semanas de torturas y uno rompió la ley del silencio para dar cuenta del maltrato sufrido. La Casa Blanca manifestó ayer su «seria» inquietud por tales violaciones de derechos humanos.