Sanidad paraliza el envío de pacientes del plan de choque a la Casa de Salud. Sanidad comunica a los médicos expedientados que pueden ser multados con 2,5 millones

El consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, ha decidido paralizar el envío al hospital Casa de Salud de pacientes del plan de choque contra las listas de espera hasta que se aclaren las causas del brote de hepatitis C detectado en esa clínica. Farnós reiteró ayer que el brote está controlado y dijo que "no se va a contagiar nadie más". Sin embargo, su compromiso es "extremar los controles" sobre las clínicas adscritas al plan de choque, entre ellas la Casa de Salud.

Farnós ha reconocido en diversas ocasiones que 383 pacientes del plan de choque intervenidos en la Casa de Salud no saben aún quién les anestesió, debido al tipo de información facilitada por la clínica privada, ya que en los historiales clínicos que no están en blanco podría figurar un médico distinto al que participó en la intervención. "Habrá que revisar qué ocurre con esos historiales", afirmó recientemente el consejero. Aunque su teoría es que "un accidente como éste [en referencia al contagio de hepatitis C] puede ocurrir en un centro público o privado", la Consejería de Sanidad es responsable de la salud de los ciudadanos, sea cuál sea el tipo de contrato laboral que los hospitales privados mantengan con sus facultativos, y hasta el momento se han detectado cinco casos de hepatitis C en pacientes operados dentro del plan de choque en la Casa de Salud -fuentes de la clínica aseguran que su plantilla la forman 40 médicos, aunque hay cerca de 300 facultativos que utilizan habitualmente sus quirófanos. La Consejería de Sanidad asegura tener "controlado" el foco de contagio, pero paraliza "momentáneamente" el envío de pacientes a la clínica, aunque Farnós dice al respecto que si un centro privado no puede atender a pacientes del plan de choque, no debería estar autorizado para atender a nadie. Los directivos de la Casa de Salud afirman que no han recibido ninguna notificación desde la consejería. "Los pacientes a los que les había tocado esta clínica siguen viniendo", dicen.La Consejería de Sanidad ya ha cerrado el capítulo de sanciones administrativas en relación al contagio de hepatitis C, con un balance de 13 médicos expedientados. De ellos, tres han sido castigados con un expediente disciplinario, mientras la decena restante ha merecido, a juicio de los servicios de inspección de la consejería, un expediente sancionador. La diferencia es que, mientras los tres primeros -entre ellos el anestesista Juan Maeso- han sido suspendidos de empleo, los otros diez podrían ser sancionados con multas de 2.500.001 pesetas. Así lo recoge la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril, que en el capítulo de infracciones "muy graves" -en este caso no haber informado de la existencia de un brote de hepatitis C-, contempla multas de hasta 100 millones de pesetas. Los 10 sancionados ya han recibido la notificación de Sanidad, aunque el consejero Farnós aseguró ayer en Castellón que los médicos tendrán la posibilidad de defenderse y demostrar la verdad, informa María Fabra. Las autoridades sanitarias estiman que tanto Maeso como sus inmediatos superiores (Rafael Montero, jefe del departamento de Anestesia y Reanimación de La Fe y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Casa de Salud, y Miguel Herráiz, jefe del servicio de Urgencias de La Fe y director médico de la Casa de Salud), han cometido una falta "más grave" que los demás; el primero en calidad de "sospechoso" de ser el foco de contagio y sus jefes por haber permitido que siguiera operando en La Fe después del 3 de febrero, el día que Maeso supo que era portador del virus de la hepatitis C. Cita con Bueno Fuentes de la Casa de Salud aseguraron que cuatro personas vinculadas a la clínica solicitaron ayer por la mañana comparecer ante el director general de Salud Pública, Francisco Bueno, "en las mismas condiciones en las que compareció Juan García de Lomas [catedrático de Microbiología], para explicarle con detalle que ellos estuvieron presentes en la conversación que García de Lomas mantuvo con Bueno". Su intención es demostrar que el catedrático comunicó por teléfono a la Consejería de Sanidad la existencia de varios casos de hepatitis en el centro privado el día 3 de febrero, extremo que ha sido desmentido tanto por García de Lomas como por el director general de Salud Pública. La consejería mantiene que no tuvo noticia de ningún caso de hepatitis C hasta el 20 de marzo, cuando se produjo la denuncia escrita por parte de Iberdrola. La cita con Bueno ha sido solicitada por Miguel Herráiz, Vicente Costa (subdirector de la clínica), el facultativo Alfredo Montoro y Manuel Roig, director de gestión.