Gutiérrez se planteará dimitir como consejero cuando el desastre ecológico esté encauzado

No habrá dimisiones en el Gobierno andaluz, pero sólo por el momento. El consejero de Industria, Guillermo Gutiérrez, al que se vuelven muchas cabezas a la hora de pedir responsabilidades políticas por el desastre ecológico de Aznalcóllar, afirmó ayer que "una vez que el problema esté en vías de solución es muy posible" que se plantee su dimisión. La actuación de Gutiérrez y del consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, en la catástrofe tóxica está siendo muy cuestionada en el entorno del presidente de la Junta, Manuel Chaves, y aunque nadie en el Ejecutivo autónomo y en el PSOE ha pedido dimisiones, todas las fuentes consultadas hacen hincapié en el adverbio "por ahora".

Las consecuencias políticas por la rotura del embalse de agua contaminada, propiedad de la empresa minera Boliden Apirsa, en la localidad sevillana de Aznalcóllar, están aún por llegar. En principio los más directamente implicados de la Junta (Industria y, en menor medida, Medio Ambiente) van a seguir en sus puestos y hasta que no se sepan las causas exactas del reventón del pantano ponzoñoso no se van a pedir cuentas. Una vez que el informe esté sobre la mesa será la hora de "mirarse a las caras", asegura una de las fuentes consultadas. Las cabezas se dirigen hacia el titular de Industria, Guillermo Gutiérrez, responsable último de la inspección del pantano, quien ayer aseguró que no ha presentado su dimisión ni tampoco nadie se la ha pedido. Eso sí, admitió que una vez que el problema esté técnicamente enjaretado llegará la reflexión política. "En este momento, me parece que dimitir sería una irresponsabilidad. Cuando esté encauzado el problema es posible que me lo plantee y siempre que le venga bien al presidente", precisó. Con estas palabras zanjó Gutiérrez los rumores sobre su salida de la Junta, al tiempo que deja la última palabra sobre su permanencia a la decisión de Manuel Chaves. El portavoz del Gobierno andaluz, Rafael Camacho, dejó ayer abierta la puerta a cualquier salida política y afirmó que el Ejecutivo autónomo "asumirá todas las responsabilidades que le correspondan" cuando se esclarezcan las causas del vertido. "Insolidaridad" En el entorno del presidente de la Junta no se oculta el enfado por la actuación de sus consejeros de Industria y de Medio Ambiente, quienes, según algunas fuentes, han mantenido en los primeros días del desastre fuertes discrepancias. Otros medios, sin embargo, rebajan las diferencias al escalón técnico entre especialistas de uno y otro departamento acerca de qué soluciones de urgencia había que tomar. En lo que sí coinciden todas las fuentes es en reprochar a José Luis Blanco su "insolidaridad" en el conflicto cuando el problema, afirman, afecta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en su conjunto. Blanco se ha situado más en el lado de las víctimas (agricultores, fauna y flora) que en el de los que tienen la responsabilidad. Otra de las quejas dirigidas a Gutiérrez y a Blanco se refiere a la falta de determinación en las primeras 48 horas del desastre, en las que ninguno de los dos asume el protagonismo político y tiene que ser Manuel Chaves el que, cinco días después de la explosión de la presa, visita la zona arrasada. Algunas fuentes aseguran que el presidente se "metió en el charco" porque así se decidió en una reunión celebrada en la sede de la Presidencia y a la que asistieron varios consejeros, en la que se propuso que el presidente debía hacer un "gesto". La propuesta tuvo votos en contra, entre ellos, el del propio consejero de Industria. Las quejas sobre Gutiérrez llueven sobre mojado (en una ocasión anterior un sector del PSOE le cuestionó por una negociación empresarial en el Parque Tecnológico de Andalucía) pero también han puesto de manifiesto que el Gobierno andaluz empieza a tener crujidos. A Chaves le han llegado ya algunas voces que le comentan que con el actual gabinete no termina la legislatura, aunque la palabra crisis (una competencia exclusiva suya) no se pronuncia. Un dato a tener en cuenta en caso de una crisis de gobierno es la fecha del debate del estado de la comunidad, el próximo mes de junio, ya que un cambio de consejeros daría argumentos a la oposición.