Hacienda adjudica la gestión del IRPF por teléfono a dos empresas de mercadotecnia

La Agencia Tributaria ha adjudicado al consorcio formado por Estratel y Sertel los servicios de apoyo para la campaña de renta de este año, que acaba de comenzar. Los servicios contratados son: información, cita previa y confección telefónica de declaraciones. Estratel, empresa dedicada a la mercadotecnia por teléfono, es filial al 100% de la empresa Telefónica Publicidad e Información, también del Grupo Telefónica, multada tres veces por vender datos de los abonados. Sertel es filial de la ONCE. Cuando se abrió el concurso, en enero pasado, UGT lo denunció por entender que permitiría a empresas privadas obtener datos confidenciales de los contribuyentes con el riesgo de su uso comercial.

La adjudicación de estos servicios a empresas privadas responde a que Hacienda tiene una sobrecarga de trabajo en mayo y junio, que es cuando se concentra la presentación de 14 millones de declaraciones de renta. En 1996 y 1997 se privatizaron la cita previa (día y hora para que Hacienda haga la declaración a quien lo solicite) y el servicio de confección telefónica de declaraciones abreviadas. Desde el año 1993, el servicio de información telefónica (para resolver dudas) también es realizado por empresas privadas.El riesgo que se plantea es si existen suficientes garantías para que estas empresas no utilicen los datos que obtienen de los contribuyentes con fines comerciales, algo que Hacienda desmiente tajantemente. La declaración de renta es la radiografía personal, profesional y económica más completa de 30 millones de ciudadanos, y constituye la base de datos más amplia de que dispone la Administración. En 1997, dos millones de contribuyentes solicitaron cita previa, a 131.444 se les hizo la declaración por teléfono y 3,19 millones pidieron información.

Mientras que la cita previa y la información no proporcionan información económica relevante, la confección de declaraciones requiere conocer todos los datos del contribuyente. UGT denunció en enero esta práctica ante la Agencia de Protección de Datos -hasta ahora sin respuesta, según la central- por considerar, además, que la empresa adjudicataria tiene acceso a los ordenadores centrales de Hacienda para comprobar los datos y dar por buena la información facilitada por el contribuyente.

El concurso de este año se ha adjudicado a una unión temporal de empresas formada por Estratel y Sertel por 948 millones para los tres servicios. Uno de ellos, el de confección de declaraciones por teléfono -el que más dudas plantea-, será utilizado por unos 250.000 contribuyentes, según estimaciones de Hacienda. Se presentó otra oferta, la de la empresa Eulen, que ha salido derrotada.

Estratel es filial al 100% de la empresa Telefónica Publicidad e Información, ambas del Grupo Telefónica, que fue multada en tres ocasiones por la Agencia de Protección de Datos con 110 millones por vender información de los abonados. Estratel se define en Internet como empresa «especializada en el diseño y ejecución de servicios de marketing directo y fundamentalmente en las técnicas de marketing telefónico, perteneciente al Grupo Telefónica».

Telefónica Publicidad e Información recibió en diciembre la orden de no ceder más datos para publicidad directa. Hasta ese momento ofrecía seleccionar a los abonados según los criterios que marcase el cliente (tipo de vivienda, formación, nivel económico) para hacer más eficaces las redes de venta. Estratel era precisamente una de las empresas destinatarias de estos datos según la carta que Telefónica envió a los usuarios.

En esta polémica, Hacienda no las tiene todas consigo, ya que en el pliego de condiciones del contrato ahora adjudicado se señala que «la información o especificaciones facilitadas por la Agencia Tributaria al contratista deberán ser consideradas confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicación, copia, utilización o préstamo a terceros». Además, «el contratista adquiere la obligación de custodiar fiel y cuidadosamente los datos relativos a contribuyentes a los que pudiera tener acceso como consecuencia de la realización de trabajos». La multa por incumplimiento de estos requisitos es de solo 500.000 pesetas.