"La justicia no ha mejorado pese a las transferencias"

Enrique Beltrán (Almassora, 1932) es uno de funcionarios judiciales más veteranos de la Comunidad Valenciana. Ejerce de acusador público desde 1960. Presume de su independencia, defiende a los jueces y no oculta su orgullo por el funcionamiento de la fiscalía valenciana, que dice supervisar con rigor y dedicación. Pregunta. Puede resultar una cuestión recurrente, pero es, sin duda, necesaria. ¿Porqué los ciudadanos -tal como reflejan reiteradamente las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas- denostan el funcionamiento de la justicia? Respuesta. La ciudadanía no está bien informada. Se juzga a la justicia por las decisiones de los jueces, cuyas sentencias son dictadas conforme a la ley. Y la ley no está hecha por los magistrados. La lentitud de la justicia viene marcada por la permisividad de nuestra legislación con las partes, ya que un abogado experto puede dilatar la resolución de un proceso eternamente. La pobreza de medios y la escasez de magistrados, junto con la naturaleza de los procedimientos, son las causas de esta lentitud. P. La sociedad española duda de que la justicia sea igual para todos. ¿Es así? R. Los criminólogos estadounidenses ya hablaban de la justicia del white collar, y un insigne jurista español, Quintililano Saldaña, distinguía entre los "justiciables de corbata y los justiciables de alpargata". Quién tiene más dinero, puede financiarse una mejor defensa contratando al mejor letrado. Eso ha sido así y así es ahora. Creo que la gente está desinformada. P. Pero el sistema está colapsado. Los juzgados de Valencia arrastran 36.000 casos pendientes de resolución, y la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 22.000, por poner dos ejemplos. R. El sistema está colapsado, es cierto, sobre todo la justicia administrativa y la laboral. La civil va bastante bien y la penal, al día. Los juicios en esta instancia se resuelven también en un plazo razonable. No obstante, no puedo decir mucho en este aspecto porque el fiscal no participa en la mayoría de los procedimientos administrativos y laborales, sólo en algunos de éstos últimos cuando hay una supuesta violación de los derechos fundamentales. No obstante, la solución pasa por la creación de más juzgados y la descentralización de la justicia. Lo ideal sería crear juzgados de lo Penal en Gandia, Alzira o Llíria, por ejemplo. Pero eso tampoco es responsabilidad de los jueces. P. Alguna responsabilidad tendrán en los problemas de la Justicia todos los implicados en ella. R. Por supuesto. No quiero eludir la responsabilidad, ni mucho menos, pero es evidente que sufrimos unas carencias que no hay en otras partes de la Administración, central, autonómica o local. P. ¿Por qué la Administración abandona a la justicia? R. No lo sé, pero eso ha sucedido siempre, es algo tradicional y abarca desde los sueldos de los funcionarios hasta la limpieza de las dependencias, que el personal responsable no puede mantener decentes por falta de recursos. Otro ejemplo, ahora tenemos unos ordenadores magnificos, pero hemos de sufrir un suplicio, por la burocracia, para conseguir una goma de borrar. P. ¿Ha mejorado la justicia valenciana con la transferencia de parte de las competencias a la Administración autonómica? R. La mejora que todos esperabamos, no. Estoy de acuerdo con la valoración que el presidente del TSJ ha hecho en la última memoria de este organismo. De hecho, estamos prácticamente igual. En algunas cosas mejor, tenemos ordenadores, pero por lo general no ha habido cambios notables. P. ¿Qué responsabilidad tienen los fiscales en el mal funcionamiento de la justicia? R. Voy a barrer para casa. El trabajo del ministerio público valenciano se cumple con puntualidad. Todos los asuntos se resuelven en un plazo de tres meses. Y eso es un dato objetivo, como también lo es que padecemos la misma falta de medios que el resto de los compañeros, muy diferentes a los recursos de que disfrutan los fiscales norteamericanos, que tienen cientos de millones y eso les permite disfrutar hasta de helicópteros. P. Tanta diferencia hay entre un fiscal estadounidense y uno español. R. Tanta como entre el presidente del Banco de Santander y el responsable de una sucursal de pueblo de Pakistán. Es impensable que un fiscal valenciano pueda gastar cientos de millones en un procedimiento como el impulsado por Kenneth Starr . P. ¿Es usted partidario de un modelo de fiscalía político, al estilo norteamericano?. R. En absoluto. Soy partidario de una fiscalía no independiente, pero sí autónoma. A mí no me da órdenes ni el Rey, ni el presidente del Gobierno ni el de la Generalitat. Mi único superior es el Fiscal General del Estado, al que incluso puedo plantearle que una orden no se ajusta a derecho. En casi 38 años de carrera no he tenido problema alguno de ese tipo. P. ¿Ha habido falta de comunicación entre los juzgados y la fiscalía en el caso de la hepatitis C, que aparentemente fue investigado, en un principio, en ambas instancias? R. No. El entendimiento entre jueces y fiscales es óptimo. Simplemente, en este desgraciado caso hubo varias denuncias, y los ciudadanos denunciaron ante los juzgados y la Consejería de Sanidad puso el caso en conocimiento de la Fiscalía, que lo primero que hizo fue averiguar si había algún magistrado encargado del caso. Así lo hicimos, e inmediatamente remitimos al titular del juzgado de instrucción número nueve de Valencia toda la información que teníamos para que el actúe según su criterio. La comunicación es fluida. P. Entonces, ¿Es la burocracia un enemigo del sistema judicial? R. Es muy posible. Los procedimientos no han evolucionado conforme a los tiempos. Las leyes fueron concebidas el siglo pasado, cuando no existía el telégrafo y el correo se repartía a caballo. Ahora tenemos fax y disfrutamos de Internet, por lo que la reforma de la Ley de Procedimiento Civil, que pretende ajustarse a los tiempos que corren, está muy avanzada. Espero ver su aplicación, y la de la proyectada Ley de Enjuiciamiento Civil, antes de jubilarme.