18 jueces de Bilbao se quejan de un inspector del CGPJ
Cerca de una veintena de jueces que ejercen en Bilbao se ha mostrado contraria a la sanción propuesta por un inspector de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial contra el magistrado Enrique de Jesús Bergés, que se negó a traducir al euskera las comunicaciones de una causa penal por insumisión. Once de los 24 jueces de instrucción y de primera instancia de la capital vizcaína consideran que la propuesta de falta grave emitida por el inspector judicial José María del Riego es "inadmisible" y "desproporcionada", sin embargo, son partidarios de que las comunicaciones judiciales puedan ser bilingües. Por su parte, los siete jueces de lo penal de Bilbao ya se habían solidarizado previamente con su compañero. La decisión del inspector José María del Riego se ha dado a conocer una vez que el Sindicato de Abogados Euskaldunes iniciase una campaña reclamando el conocimiento de las dos lenguas oficiales y provocando la suspensión de las vistas en aquellos tribunales en los que el juez desconozca el euskera y el procesado se niegue a utilizar los habituales sistemas de traducción. El juez decano de Bilbao, Juan Pablo González, propuso la votación de un documento en el que se considera excesiva la sanción y se afirma que un magistrado no tiene obligación de traducir sus actos de comunicación en la lengua oficial que elija el ciudadano. "Insulto a este país" La magistrada de la Audiencia Provincial de Bilbao Nekane San Miguel, en un voto particular, considera que esa afirmación "supone un insulto a los ciudadanos de este país" y añade que los puntos del documento que se refieren a ese tema "ponen en duda, no ya la necesidad o no de que un juez sepa euskera, sino incluso el derecho a que se traduzcan a este idioma las comunicaciones judiciales". El insumiso al que el juez negó la traducción del escrito al euskera envió una queja al Ararteko, Xabier Markiegi, quien el pasado mes de setiembre remitió la denuncia a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El alto tribunal acordó por unanimidad el archivo de la denuncia, mientras que el CGPJ ordenó al inspector José María Del Riego que estudiara el asunto. Éste estimó que el juez había cometido una falta grave de consideración a un ciudadano y elevó su dictamen a la comisión disciplinaria. La comisión calificó el hecho de falta leve y remitió el caso al TSJPV, que, por segunda vez, archivó la denuncia.
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