La Diputación de Valencia privatiza la reparación de carreteras por 1.400 millones

Los socavones, derrumbamientos de laderas, señales deterioradas y cualquier otro percance que sufran los 2.000 kilómetros de carreteras secundarias de la provincia de Valencia han pasado a ser competencia de media docena de empresas privadas. La Diputación de Valencia es "la primera de España", según dice el diputado de Carreteras del PP, Miguel Barranca, que privatiza la conservación de las arterias provinciales. Las empresas que se han repartido la red de carreteras cobrarán este año 1.400 millones, el doble de lo que gastó la Diputación en este servicio en 1997.

Barranca expone que la privatización era la única solución viable ya que las brigadas de la Diputación "no daban abasto" para mantener en perfecto estado los 2.000 kilómetros de la red provincial. Además, cuando se produce una catástrofe, como los temporales del otoño pasado que obligaron a cerrar al tráfico una veintena de carreteras y destrozaron un kilómetro de accesos a Moixent, "la Diputación tenía que recurrir a empresas privadas que cobraban lo que querían y trabajaban al ritmo que les convenía". La privatización, según Barranca, acabará con esta situación, ya que seis ingenieros del ente supervisarán las áreas en las que se ha dividido Valencia y "obligarán a las empresas a actuar inmediatamente ante cualquier contingencia". En el reparto, Lubasa se ha quedado con los 200 kilómetros de la zona de Villar del Arzobispo y cobrará 140 millones. Sedesa se lleva 160 millones por conservar los 300 kilómetros del área de Alzira. Elsa operará en los 300 kilómetros del área de Bétera por 230 millones; Torrescámara actuará en los 200 kilómetros de Requena a cambio de 150 millones; a la empresa Sarrión le corresponde la zona de Buñol (200 millones por 200 kilómetros) y Pavasal actuará en los 300 kilómetros de L"Alcudia por 220 millones. Barranca comenta que las empresas han buscado zonas próximas a sus canteras para reducir costes. A pesar de todo, el negocio no les salía rentable si tenían que limpiar la vegetación que invade las calzadas. Por eso, la Diputación se gastará otros 250 millones en adjudicarle el trabajo a otras dos empresas. "La privatización del mantenimiento de carreteras funciona con éxito desde hace años en las redes estatales y autonómicas", asegura el PP. Aunque las empresas se llevan el doble de lo que invirtió la Diputación en 1997, Barranca aclara que "deberán arreglar el firme y las señales que llevan años deteriorados". La concesión es de un año, pero la Diputación quiere ampliarla a dos en 1999. Cuando compruebe "cómo actúan las empresas en la próxima gota fría".