El Parlamento vasco moderniza su reglamento, pero mantiene su irregular situación salarial

El Parlamento vasco logró ayer, después de una década, dejar visto para sentencia el nuevo reglamento de la Cámara. Juan María Atutxa, si se confirman las encuestas de intención de voto, inaugurará el próximo año el periodo de sesiones con unas reglas de juego que tienen como objetivo principal agilizar el control al Gobierno. Sin embargo el Estatuto del Político ni se ha tocado. Los parlamentarios seguirán cobrando entre dos y tres millones en dietas y gastos de locomoción que no tributan a Hacienda, situación que el Tribunal de Cuentas pidió que se regularizara.

La satisfacción era ayer general entre los partidos, que deberán dilucidar en un pleno en junio las últimas discrepancias que les separan. Tras dos largas legislaturas de debates a trompicones, la ponencia que estudia la reforma del Reglamento de la Cámara -el pasado 11 de febrero cumplió 15 años- le colocó ayer las tapas al nuevo. El próximo viernes, una vez incorporadas todas las enmiendas aceptadas y las transaccionadas, será remitido a la comisión, y de allí al pleno, donde los grupos tendrán que votar todos los asuntos que no han podido ser consensuados. La modernización del Reglamento no va a ir acompañada de la regularización salarial de los diputados vascos. El Estatuto del Político, que en teoría debería haber ido de la mano con el Reglamento, se aparcó desde principios del pasado año y desde entonces no se ha vuelto a tocar. El Estatuto fue, de hecho, un intento por regularizar la situación salarial de los diputados. Un parlamentario cobra en 1998 4,3 millones de pesetas brutas al año; los secretarios, 6,4 millones; los vicepresidentes, 8 millones, y el presidente, 11,7 millones. Sin embargo, los miembros de la Cámara reciben además, sin tributar a Hacienda, entre dos y tres millones anuales en concepto de dietas y gastos de locomoción. En concreto, los 19 parlamentarios que viven en Álava reciben cada uno 1,3 millones por dietas más 672.960 pesetas por gastos de locomoción. Los 22 residentes en Guipúzcoa cobran 2,3 millones cada uno más las 672.960 por locomoción y los 28 de Vizcaya, 2 millones más la misma cantidad que el resto de sus compañeros por locomoción. Los seis restantes, miembros de la Mesa y consejeros, incrementan levemente estas cantidades. Los diputados cobran estas dietas acudan o no a los plenos y comisiones y las ingresan también durante los dos meses de vacaciones. El Estatuto fue bloqueado en seco a principios del pasado año porque algunos miembros del Parlamento interpretaron que, incorporando las dietas y gastos de locomoción a su salario para regularizarlo fiscalmente, la sociedad podría echarles en cara que se estaban subiendo el sueldo. Aquel documento introducía, sin embargo, otros aspectos más discutibles: permanecer una legislatura en la Cámara de Vitoria daba derecho a una pensión vitalicia de la Seguridad Social, concretamente la más alta. Aquella prebenda fue anulada del borrador del Estatuto, que ahora duerme en algún cajón y sólo será activado cuando algún partido lo solicite al presidente de la comisión, el peneuvista José Antonio Rubalcaba. Ese inmovilismo en una materia cuyo arreglo solicitó de forma explícita el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas e incluso las Haciendas forales reconocieron que bordeaba lo permisible, contrasta con el acelerón que la ponencia ha dado en el último momento para poner en marcha el Reglamento. El último capítulo, el IV, de control al Gobierno, quedó resuelto ayer. La próxima legislatura, si finalmente es aprobado en junio según las previsiones, el lehendakari o alguno de los consejeros designados por él deberá comparecer cada 15 días y someterse al control de la Cámara. Se han acortado los plazos para las respuestas parlamentarias y el Gobierno deberá permitir que expertos designados por cada grupo parlamentario puedan hurgar en sus archivos cuando la documentación demandada sea de tal volumen o de naturaleza peculiar como para que el Ejecutivo no pueda remitirla a la Cámara. El Gobierno podrá seguir vetando las comisiones de investigación, Los parlamentarios vascos no tendrán que jurar la Constitución. Tampoco será comunicada ni al Rey ni al Senado la constitución y composición del Legislativo tras las elecciones.