Un informe oficial atribuye al médico infectado 63 casos de hepatitis C

Un informe oficial al que ha tenido acceso EL PAÍS atribuye la paternidad de la hepatitis C de 63 afectados al anestesista apartado del servicio tras confirmarse que era portador del virus. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana sostienen que todos estos casos fueron detectados en la Casa de Salud, el centro privado que impidió el acceso a sus instalaciones al facultativo considerado como posible foco de contagio.

El mismo documento revela que en el 77% de los infectados analizados hasta ahora, incluido el anestesista, el genotipo del virus es el 1-A -existen seis genotipos distintos de la hepatitis C-. El genotipo es el paso previo a la determinación de ADN viral -la huella genética del virus- para determinar con seguridad si se trata del mismo en todos los casos. El citado documento señala que la clínica privada conocía la existencia de los casos de hepatitis desde finales del pasado año. Esta misma semana, el director general de Asistencia Especializada esgrimió dos informes de los servicios de inspección de la consejería (uno de 1997 y otro del pasado 16 de abril) que sostienen que la Casa de Salud -uno de los centros privados a los que se derivan pacientes del plan de choque contra las listas de espera- reúne las condiciones básicas para operar, pese a tener sólo 40 facultativos en plantilla.

El visto bueno a la clínica se produjo después de saber que varios historiales clínicos remitidos por el centro estaban en blanco o figuraba en ellos un médico distinto al que finalmente operaba. El hecho de que los servicios de inspección de la consejería -la llamada Unidad de Evaluación Sanitaria y Calidad Asistencial (UESCA)- autoricen que una clínica con tan exigua plantilla y cuyos quirófanos son utilizados por 300 facultativos ajenos a la casa intervenga a pacientes derivados desde los hospitales públicos, pone en entredicho la política del plan de choque contra las listas de espera y revela, a juicio de los sindicatos y los partidos de la oposición, la falta de control sobre la calidad asistencial de los centros concertados.

El portavoz del Sindicato de Enfermería, Rafael Barrera, añade que los profesionales sanitarios siguen sin ser sometidos a controles periódicos sobre su estado de salud, «lo que implica que puede haber más focos de contagio que aún no han sido detectados por la negligencia de la consejería».

Su argumento es que el consejero, Joaquín Farnós, tenía a su alcance los medios necesarios para haber evitado muchos de los contagios producidos en los últimos dos años, ya que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica que deberán hacerse analíticas acordes al puesto de trabajo desempeñado, «con lo que se hubiera detectado al portador de la hepatitis C mucho antes de lo que se ha hecho».

Un facultativo del servicio de Maternidad de La Fe llamado a declarar por los servicios de inspección -debido a que el anestesista infectado trabajaba tanto en ese servicio como en la Casa de Salud- afirmó ayer a este diario que todas las preguntas planteadas por la Administración hacían referencia a «rumores» sobre la conducta del anestesista. «Me pregunto por qué no nos hacen controles periódicos sin avisar y se limitan a preguntarnos sobre supuestos rumores», comentó.

La actual estructura organizativa de la Consejería de Sanidad valenciana atribuye a la inspección, entre otras tareas, el desarrollo del seguimiento y control del funcionamiento de los hospitales, la investigación de las actuaciones de las que se derive algún tipo de responsabilidad, la propuesta de expedientes sancionadores y la elaboración de informes que recojan las quejas de los pacientes -coordinación de los Servicios de Atención al Usuario.

Por su parte, la dirección general de Salud Pública es la encargada de realizar los estudios epidemiológicos y hacer el seguimiento de la prevalencia de las enfermedades, entre otras funciones.

Los médicos están obligados, en este caso, a dar parte a los servicios epidemiológicos de todas las enfermedades de declaración obligatoria que se detecten -entre ellas la hepatitis C-. Estos servicios emiten a su vez un Boletín Epidemiológico Semanal que se devuelve a los médicos y se remite tanto al servicio central como al Ministerio de Sanidad. La propia Administración reconoce que existe en España una «infradeclaración» de casos.