Para qué servirá la Agencia Estatal de Salud Pública que llega con 15 años de retraso

La ley de salud pública de 2011 previó la puesta en marcha de una agencia que no verá la luz hasta prácticamente 15 años más tarde. El Congreso aprobará este jueves la ley para crearla, después de que la pandemia pusiera en entredicho los sistemas de vigilancia y de que una convocatoria electoral inesperada en 2023 retrasase su trámite. En los próximos seis meses, el Ministerio de Sanidad deberá tener listo el reglamento que le dará forma y que responderá a muchas incógnitas que el texto no aclara.

Es inevitable recurrir a la pandemia para ejemplificar su utilidad: la mayoría de las decisiones emanaron de las recomendaciones del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dirigido por Fernando Simón. Era un pequeño departamento de Sanidad, con pocos recursos humanos y materiales. La nueva Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) tendrá mucho más músculo y será autónoma, con un responsable que previsiblemente habrá accedido por un concurso de méritos y rendirá cuentas ante el Congreso.

Esto es lo que se sabe y lo que todavía no sobre una norma a la que todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, votaron a favor en la Comisión de Sanidad del Parlamento la semana pasada:

Objetivos

La AESAP será un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad que tendrá como objetivo principal reforzar las capacidades del Estado para “mejorar la salud de la población, la equidad en salud y la protección frente a riesgos y amenazas sanitarias”. Actuará bajo el principio de One Health (una sola salud), es decir, un abordaje conjunto de la salud humana, animal y ambiental.

Funciones

Tendrá la misión de la vigilancia y evaluación del estado de salud de la población y sus determinantes, para lo que integrará datos de enfermedades transmisibles y no transmisibles. La ley establece que tanto las administraciones como las entidades públicas y privadas estarán obligadas a suministrar datos a la AESAP. El propósito es tener una imagen a tiempo casi real de lo que sucede en torno la salud de los españoles, algo que hoy por hoy se monitoriza (excepto con algunas infecciones, como la gripe o la covid) con anuarios que suelen recopilar los datos con años de retraso. La idea es que la información al alcance de los ciudadanos y los gobernantes sea más clara y las decisiones puedan tomarse con más rapidez y garantías.

La agencia tendrá también como misión la gestión y respuesta ante crisis sanitarias, para lo cual será la encargada de elaborar planes de preparación y acción. Aquí es donde está llamada a reforzar y ampliar las funciones que ahora ostenta el CCAES.

El nuevo organismo tendrá el deber de analizar los riesgos sanitarios y encargarse de una comunicación clara sobre amenazas a la salud, así como de la colaboración internacional con la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos en detección y vigilancia de riesgos.

Otras funciones serán el impulso a la investigación y formación en salud pública, el desarrollo de una reserva estratégica sanitaria, junto con otros organismos, para mejorar la respuesta a crisis y la evaluación de biocidas y plaguicidas en materia de salud ambiental.

Estructura y financiación

Tendrá personal propio, incluyendo funcionarios y trabajadores contratados bajo criterios de mérito y capacidad. El hecho de ser un organismo autónomo le dará mayor flexibilidad para contratar profesionales que al ministerio. Se financiará a través de los Presupuestos Generales del Estado, ingresos propios y fondos europeos. Estará sujeta a control presupuestario y auditorías para garantizar la transparencia y eficiencia.

¿Dónde estará y quién la dirigirá?

Esto no lo establece la ley. Su sede la decidirá el Ministerio de Política Territorial. Ya hay varias ciudades que se han postulado, como Granada o Zaragoza, aunque previsiblemente cuando se apruebe la norma habrá más que aspiren albergarla. Tampoco se puede descartar que acabe finalmente en Madrid, donde están muchos de los organismos que nutrirán la agencia.

En cuanto a su dirección, los estatutos tendrán que establecer sus características. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró la semana pasada que no será un nombramiento a dedo, sino que se tratará de un concurso de méritos en la que el Gobierno no decidirá. Fernando Simón, que estuvo con ella en el acto donde pronunció estas palabras, dijo que cuando salieran las bases estudiaría la posibilidad de presentarse.

La clave está en el estatuto

Más allá de los principios generales que marca la ley, el detalle de su configuración vendrá en el estatuto, que Sanidad debe tener listo en un máximo de seis meses. Ildefonso Hernández, que fuera director General de Salud Pública en los Gobiernos de Zapatero y también presidente de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), cree que la creación “es positiva”, aunque echa en falta una mayor articulación territorial que integre a centros con capacidades complementarias en las comunidades autónomas. “La independencia de la agencia es un punto clave y debe garantizarse mediante un gobierno transparente y rendición de cuentas al Parlamento, evitando su captura por intereses corporativos o gubernamentales”, subraya.

En esta misma línea, Miquel Porta, catedrático de salud pública y autor de Epidemiología cercana, subraya que para ganarse la confianza tanto de la ciudadanía como de los políticos, la dirección de la AESAP debe responder ante la Comisión de Sanidad del Congreso. “La despolitización de la salud pública es esencial para evitar que la gestión de datos y brotes epidémicos se convierta en un arma política. España cuenta con expertos y grupos con gran capacidad de análisis que deben integrarse en esta agencia para que funcione con datos sólidos y válidos. Es un momento para apostar por una institución moderna y eficaz, que aproveche el talento existente y genere confianza en su labor”, asegura.

Porta hace hincapié en la necesidad de que las decisiones que emanen de la nueva agencia sean vinculantes, que obligue a la cooperación entre las comunidades autónomas: “Existe una interdependencia real que quedó en evidencia durante la pandemia. La agencia debe facilitar una colaboración formal y acabar con la falta de comunicación y el reparto de competencias que, en ocasiones, impide una respuesta eficaz a los problemas de salud pública”.