La guerra política en Morelos crece mientras el Congreso federal avanza en el blindaje de Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco, futbolista convertido en diputado, juega tiempos extra mientras en Morelos, el Estado que gobernó, arrecia la guerra política en su contra. Morena, partido al que pertenece Blanco, ha dado en el Congreso un respiro al exmandatario, acusado de intento de violación y que además arrastra una estela de señalamientos de corrupción y presunta colusión con el crimen organizado. Se necesita que la Cámara de Diputados retire al viejo delantero la inmunidad que protege a los legisladores —el fuero— para que aquel pueda responder por las acusaciones, que él ha negado insistentemente. Mientras, en Morelos, la Administración de Margarita González, su sucesora y correligionaria en Morena, aprieta la pinza sobre Blanco, con golpes que van desde echar del Gobierno a funcionarios cercanos a él hasta denunciar ante la justicia desvíos millonarios en la era del exmandatario.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el área que debe determinar si se retira la protección a Blanco, ha denegado la solicitud de la Fiscalía de Morelos de desaforar al exgobernador. Presidida por el morenista Hugo Eric Flores, viejo aliado de Blanco, y controlada por una mayoría oficialista, la Sección Instructora ha señalado que el requerimiento de desafuero es improcedente por supuestas fallas de la Fiscalía estatal en la investigación de la denuncia de violación. La acusación fue presentada por la media hermana del diputado, Nidia Fabiola Blanco, que ha señalado que el asalto ocurrió en 2023, durante el periodo en que Blanco era gobernador de Morelos. Fabiola Blanco ha contado el episodio en el que su medio hermano entró una noche a su cuarto (ambos vivían en la casa oficial del gobernador), “con aliento alcohólico”, e intentó violarla: “Me empezó a tocar los senos y a tratar de arrancarme la pijama”.

La resolución aprobada por la Sección Instructora, con el voto en contra del diputado Germán Martínez, del PAN, afirma que la investigación conducida por la Fiscalía presenta deficiencias técnicas y carece de “pruebas sólidas”. El órgano legislativo señala tres supuestos errores cometidos por la autoridad investigadora. Primero, que no se entrevistó a personas que estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Segundo, que no hubo “diligencias esenciales para acreditar el delito y la presunta responsabilidad del acusado”, como presentar un “informe detallado del lugar de los hechos”, llevar a cabo “inspecciones oculares” y hacer “análisis periciales de criminalística”.

La tercera descalificación señala que a la víctima se le efectuaron dos dictámenes periciales en psicología que “resultan contradictorios”, pues, indica la resolución, en un primer estudio se concluyó que Fabiola Blanco “no presenta daño psicológico como consecuencia de un delito de carácter sexual”, mientras que en el segundo examen se determinó que ”sí existe una afectación emocional”. “Ambos peritajes”, apunta el acuerdo, “fueron realizados por la misma Fiscalía, utilizando la misma técnica, lo que evidencia falta de consistencia y deficiencias metodológicas”.

Falta que el pleno de la Cámara de Diputados apruebe la resolución de la Sección Instructora por mayoría simple. Es incierta la decisión que tomará el bloque oficialista, conformado por Morena, PT y PVEM y que tiene una mayoría avasalladora en el Congreso. Un buen grupo de legisladores morenistas, sobre todo de mujeres, ha reclamado por la protección a Blanco. “Esta es una burla descarada para quienes aún creemos en un mínimo de legalidad y decencia en este país”, ha declarado la diputada María Teresa Ealy, de Morena. Pese a las protestas internas, cabe la duda de si el oficialismo se atreverá a dar el trago amargo de entregar la cabeza de uno de los suyos y admitir una parte de culpa por tener en sus filas a un personaje con tales acusaciones. Mantener a Blanco intacto, sin embargo, chocará de frente con el discurso de defensa de las mujeres que ha enarbolado la presidenta, Claudia Sheinbaum.

La ley que regula el proceso de desafuero señala que Blanco puede enfrentar a la justicia cuando concluya su periodo como diputado, lo que ocurrirá en tres años. En Morelos le esperan otros pendientes de grueso calibre. El Gobierno de Margarita González presentó denuncias penales y administrativas contra colaboradores de Blanco por presuntas irregularidades cometidas en el gasto de 40 millones de pesos del presupuesto estatal. Recientemente, las autoridades del Estado hallaron restos humanos en la casa de Dionicio Álvarez, otro exfuncionario de Blanco que de paso está señalado de un desvío millonario. Esta semana, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Jorge Gamboa, cercano al exgobernador, fue destituido del cargo entre acusaciones de corrupción y colusión con el narco. A propósito de eso, el propio Blanco apareció en 2022 en una foto acompañado de un grupo de criminales locales. El partido guinda le ha dado cobijo todos estos años.