La Junta y el Gobierno eluden las culpas y cruzan acusaciones por el vertido tóxico

Los técnicos seguían trabajando ayer para desviar al Guadalquivir la riada tóxica provocada por la rotura de una presa de mineral en Aznalcóllar (Sevilla). Mientras, las administraciones central y andaluza se enzarzaron en un cruce de acusaciones. La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, aseguró que la autorización y vigilancia de la presa son responsabilidad de la Junta; y el presidente andaluz, Manuel Chaves, arremetió contra ella por haber viajado a Doñana a «hacerse la foto y responsabilizar a la Junta». La presa sigue desembalsando controladamente para permitir el sellado de la rotura.

Toda la zona afectada por la riada tóxica que ha arrasado desde el sábado el entorno de Doñana, incluido el embalse reventado de la empresa sueca Boliden Apirsa, está en territorio andaluz. Los cauces públicos por los que discurren los contaminantes, sin embargo, son responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, perteneciente a la Administración central. Además, el Parque Nacional, núcleo duro de Doñana, es también responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Y el entorno afectado (correspondiente al Parque Natural), más amplio y menos protegido, cae en el ámbito de la Junta de Andalucía. Una situación lo bastante compleja como para que ambas administraciones hayan preferido disparar fuego cruzado a asumir una parte de responsabilidad. Chaves aseguró que «no hay ningún tipo de responsabilidadd en la Junta», y puso el acento en el hecho de que «todos los esfuerzos» para impedir que los vertidos alcancen el núcleo de Doñana se han llevado a cabo por iniciativa de la Administración regional.

Pero el secretario general del PP de Andalucía, Juan Ojeda, calificó de «absoluta mezquindad» las opiniones de Chaves sobre la ministra, y añadió: «La ministra vino a pesar de que su departamento no tiene ninguna responsabilidad, porque la balsa es de una empresa privada». Las responsabilidades, según él, «habría que derivarlas hacia las consejerías de Industria, Medio Ambiente y Agricultura». Izquierda Unida, entretanto, pedía la dimisión de dos consejeros y del presidente de la Confederación.

Más allá de las declaraciones de unos y otros, lo cierto es que las actividades vinculadas a la minería están transferidas a la Junta desde hace años. Y también es cierto que, según la Ley de Aguas, cualquier embalsamiento o recinto de contención de aguas de cierto volumen debe ser autorizado por la Confederación del Guadalquivir.

El consejero al que Tocino había puesto en el punto de mira, Guillermo Gutiérrez, pareció asumir implícitamente su responsabilidad en la supervisión de las instalaciones al señalar: «Es cierto que se ha roto una presa, pero también es cierto que la presa contaba con las inspecciones oportunas y las había superado todas».

Gutiérrez también rechazó la acusación de haber desatendido las denuncias de un ex directivo de la empresa sueca, el ingeniero Manuel Aguilar Campos, sobre el mal estado del embalse. Según el consejero, esas denuncias fueron atendidas, y su departamento contrató a una empresa privada que, tras investigar las instalaciones, concluyó que no había riesgo de filtraciones ni de inestabilidad del muro.

Gutiérrez puso buen cuidado en señalar que esas inspecciones contaron con el visto bueno del Instituto Geológico y Minero (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En medio de todo esto, surgió ayer una nueva trifulca por la continuidad de los desembalses de la presa contaminada, una medida que fue solicitada el sábado por los técnicos de la Junta y autorizada verbalmente por la Confederación Hidrográfica. Este bombeo de 200 metros cúbicos por hora era necesario para sellar la rotura, pero nadie parece dispuesto a asumir la responsabilidad de la orden.