Los eurodiputados y la cuerda del badajo

Todos los ojos están puestos en la reunión que celebrarán los próximos viernes, sábado y domingo, el Consejo Ecofin (ministros de Economía y Hacienda de los Quince) y el Consejo Europeo (jefes de Estado y Gobierno). Pero antes habrá otra reunión de la que se habla menos, pero que puede resultar más sorprendente. El jueves, día 30, el Parlamento Europeo se reúne, también en Bruselas, para emitir su dictamen sobre la propuesta de la Comisión que recomienda el número de países que pueden arrancar con la moneda única. Y los eurodiputados no se han puesto todavía de acuerdo. En esta ocasión, el Parlamento no tiene que pronunciarse simplemente con un «no» o un «sí» (como sucederá el sábado siguiente, cuando examinen la recomendación definitiva del Ecofin) sino sobre un proyecto de resolución que ha elaborado un colega alemán, Karl von Wogau, del Grupo Popular. Ahí empiezan los problemas: el texto aprueba la recomendación de la Comisión (11 países), pero aprovecha para exigir «la aplicación inmediata de los términos del Pacto de Estabilidad», algo que no ha gustado al Grupo Socialista en general ni a los diputados italianos y belgas en particular.

El dictamen del Parlamento es consultivo, como casi siempre, lo que quiere decir que ni el Ecofin ni el Consejo Europeo tienen por qué hacerle caso, pero aún así una campanada de los señores y señoras eurodiputados (un voto contrario al informe de la Comisión) sonaría en este caso especialmente fuerte. Algunos parlamentarios han agarrado ya la cuerda del badajo. La propuesta de resolución pasó sus primeros trámites en comité el pasado 15 de abril con poca gloria: 27 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones. El próximo jueves será el pleno el que se pronuncie y, por una vez, los pasillos del PE están llenos de conciliábulos y negociaciones entre quienes creen que un voto negativo ayudaría a marcar las diferencias entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo y quienes creen que resultaría perjudicial para los tres.

Según se aproxima la puesta en marcha de la tercera fase de la Unión Monetaria resulta más curioso el procedimiento ideado por el Tratado de Maastricht para dar algún papel, por muy consultivo que fuera, al Parlamento Europeo. Por ejemplo, si el Consejo Europeo no consiguiera llegar a un acuerdo este fin de semana sobre el nombramiento de presidente, vicepresidente y cuatro vocales del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, y tuviera que aplazarlo, no sólo podría provocar una marejada en los mercados financieros sino que, además, se metería en un buen lío de calendario.

Para que el nombramiento de los directivos del BCE sea legal, los seis deben pasar antes por un mecanismo de audiencias, al estilo de los hearings del Senado norteamericano, aunque sin poder decisorio, donde se examinarán sus curriculum y se les someterá a una especie de interrogatorio. Cubierto este trámite, el pleno del Parlamento emitirá un dictamen, también consultivo. En fin, la cosa es que si la propuesta no llega inmediatamente al Parlamento no quedará prácticamente tiempo para que el BCE empiece a funcionar, como está previsto, el 1 de julio. (El comité ejecutivo necesita, por lo menos, el mes de junio para ponerse en marcha).

Todo ello sin olvidar que ya existen precedentes en los que el Parlamento Europeo ha informado desfavorablemente sobre algún «candidato». La comisaria danesa de Medio Ambiente, Ritt Bjerregaard, tuvo que «repetir» audiencia y, peor aún, un candidato portugués al Tribunal de Cuentas Europeo vió como su curriculum y «perfil» eran considerados «insuficientes» para el puesto. Aunque el voto era consultivo, Portugal decidió retirarle.