El contrato a Iniciatives i Programes en Sant Boi fue legal

El Ayuntamiento de Sant Boi, gobernado por el Partit dels Socialistes (PSC) y Convergència i Unió (CiU), aprobó ayer un acuerdo en el que se señala que la contratación de la empresa Iniciatives i Programes para realizar un estudio sociológico sobre los inmigrantes marroquíes en la ciudad se ajustó a la legalidad. El grupo municipal de Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV), sin embargo, anunció en un voto particular que pondrá el caso en manos del juzgado "por si son exigibles responsabilidades más allá de las políticas" y reclamó la dimisión de dos concejales que intervinieron en el proceso de la adjudicación. Las conclusiones de la comisión especial para indagar sobre si hubo irregularidades en la adjudicación del estudio, de manera directa y sin concurrencia de ofertas, señalan que los expedientes administrativos "han cumplido los requerimientos legales" y que también "incorporan las razones para la no concurrencia de ofertas". IC-EV sostiene, en cambio, que "se ha manipulado el procedimiento", por lo que pidió la dimisión de los concejales José Antonio Tamayo (PSC), de Comunicación y Participación Ciudadana, y Xavier Balaguer (CiU), de Servicios Sociales. El Ayuntamiento adjudicó en julio de 1996 a Iniciatives i Programes el citado estudio de manera directa basándose en una supuesta experiencia que, según la memoria de la propia empresa, era más bien escasa. El estudio costó cerca de siete millones de pesetas, en cuatro partidas diferentes por otras tantas fases, todas ellas del mismo importe: 1.990.000 pesetas, cuando la ley establece como límite máximo dos millones de pesetas. IC-EV sostiene que la división en partidas del contrato supuso "un fraccionamiento artificial" para eludir el tope máximo señalado por la normativa para poder adjudicar un contrato de manera directa. La comisión especial señala, por el contrario, que no hubo tal fraccionamiento. La adjudicación de diferentes servicios a Iniciativas i Programes también está siendo investigada en la población de Viladecans. En L"Hospitalet, un contrato a la misma empresa acabó con la dimisión de una concejal socialista.