La alcaldesa de Creixell y cinco concejales declaran por delito de prevaricación

La alcaldesa de Creixell (Baix Penedès), Rosa Maria Bertran, y los cinco concejales del equipo de gobierno declararon ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Vendrell por un presunto delito de prevaricación. Bertran está acusada de ordenar el derribo de una casa del vecino de esta población Ignacio Oñate, quien presentó una denuncia judicial por estos hechos. La Fiscalía de Tarragona también ha abierto diligencias por, al menos, una veintena de irregularidades urbanísticas y administrativas cometidas presuntamente por la alcaldesa de Creixell. El pasado año, el Ayuntamiento de Creixell ordenó derribar el garaje y una zanja de la vivienda de Ignacio Oñate ya que, al parecer, la había construido ilegalmente y sin los correspondientes permisos de la concejalía de urbanismo. Posteriormente, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque consideraba irregular la edificación, mandó anular el derribo a la espera de dictar sentencia. Ignacio Oñate presentó una denuncia judicial contra la alcaldesa y los miembros del equipo de gobierno por un presunto delito de prevaricación, al entender que el Ayuntamiento de Creixell ha autorizado a otros vecinos de la población el mismo tipo de edificaciones. Rosa Maria Bertran declaró ante la juez que Oñate había cometido una infracción urbanística y por este motivo se mandó derribar la construcción ilegal. En declaraciones a este periódico, la alcaldesa manifestó que esta denuncia tan sólo se trataba de una pantalla, es decir, que a partir de ésta se investigarían otras presuntas irregularidades denunciadas por la oposición y que ella niega rotundamente. Irregularidades En este sentido, la fiscal encargada del caso interrogó ayer a la alcaldesa y a tres funcionarios técnicos del Ayuntamiento de Creixell sobre una veintena de irregularidades administrativas y urbanísticas denunciadas por el concejal del PSC, Sofío Alcaide. El edil socialista mantuvo a principios de octubre un encierro de 10 días en las dependencias del consistorio para reclamar que se le entregara documentación sobre presuntas anomalías. La Fiscalía de Tarragona interrogó en febrero a la arquitecta técnica de Creixell, Montserrat Muñoz, quien confirmó estas presuntas irregularidades y acusó a la alcaldesa de coacciones y amenazas para que aprobara determinados expedientes urbanísticos. Asimismo, la fiscalía investiga la anulación del recargo del IBI de 1996 al padre de la alcaldesa, acuerdo alcanzado por la comisión de gobierno con la abstención de Rosa María Bertran.