Los sindicatos aseguran que la reforma beneficia a los más ricos
UGT y CC OO insistieron en sus duras críticas contra la reforma del IRPF, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Su argumento central es que favorece a los más ricos. El sindicato que dirige Cándido Méndez difundió un comunicado en el que rechaza «sin paliativos» la reforma, porque supone «una nueva ofensiva contra el Estado del bienestar, para beneficiar a grupos de presión que defienden los intereses de las clases más favorecidas».
Por su parte, CC OO destacó en otro comunicado que «con la reforma el 1% de los contribuyentes más favorecidos, con rentas superiores a los 10 millones de pesetas (unos 126.000), recibirán una rebaja del impuesto idéntica a la que perciben el 56% de los menos favorecidos, con rentas inferiores a los dos millones de pesetas, unos siete millones de personas».
A estas críticas se sumó Izquierda Unida. En opinión de su portavoz en la Comisión de Economía, Pedro Antonio Ríos, la reforma «es regresiva» y supondrá un coste superior a los 500.000 millones de pesetas.
El diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Saura señaló que las nuevas deducciones en la base del impuesto de la renta benefician casi tres veces más a las rentas altas que a las bajas. En su opinión, el coste del nuevo IRPF impondrá un recorte de las prestaciones sociales y de las inversiones públicas.
Profesionales y consumidores
Mientras, el conseller de Economía de la Generalitat, Artur Mas, manifestó que CiU no aprobará la reforma del IRPF «si no recoge un trato especial a las mutuas médicas; es un tema muy importante para Cataluña», dijo, «porque hay muchas mutuas y muchos asociados». El otro socio nacionalista del Gobierno, el PNV, destacó que la reforma «no será condicionante para Euskadi». Según el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, «Euskadi va a tener su propia regulación del IRPF». La Asociación Española de Asesores Financieros y Tributarios (AEAFT) apoya la reforma propuesta por el Gobierno, si bien considera que «con la desaparición de las deducciones por gastos por enfermedad y alquiler de vivienda se perderá capacidad en la lucha contra el fraude». El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Miguel Martínez, afirmó que «el mínimo vital» recogido en el nuevo IRFF «es rígido e injusto, ya que no tiene en cuenta la situación real de las familias».
