La voladura controlada de la televisión pública

La rápida multiplicación de las ofertas televisivas privadas por satélite y por cable con tecnología digital está poniendo en evidencia en Europa la falta de reflejos de los gobiernos y parlamentos para poner la televisión pública en la hora actual y garantizar su supervivencia y desarrollo. En España la situación se agrava, ya que en el caos audiovisual actual, el Gobierno es al mismo tiempo juez y parte interesada. Es una paradoja que roza el esperpento que se haya constituido en el Congreso de los Diputados una subcomisión para definir el marco de desarrollo futuro de la RTVE y, al mismo tiempo y en paralelo, se hipoteque o se desmantele la propia televisión pública. Nos encontramos en un proceso de voladura controlada de la televisión pública que cuenta con una estrategia y un calendario bien definido. El primer paso comenzó hipotecando el futuro de la televisión pública asociándola a la plataforma Vía Digital liderada por Telefónica, donde confluyen intereses privados y partidistas del PP conculcando varios artículos del Estatuto de RTVE, principalmente el artículo 18 que señala que "el capital de las sociedades propias de la televisión pública no podrá gravarse, hipotecarse o cederse en cualquier forma onerosa o gratuita".

Actualmente se está dando un segundo paso importante en la misma dirección a través del Proyecto de Ley en trámite parlamentario, de autorización para la privatización total o parcial de las televisiones autonómicas. Se está preparando ya la formación de sociedades mixtas de sectores exclusivamente de rentabilidad económica o partidista. Con similares objetivos se presentará en los meses próximos una reforma de la ley de televisión local que el Gobierno tiene en proyecto. Al mismo tiempo, el mapa de televisión por cable se está configurando bajo el mismo modelo de confusión de intereses privados-partidistas, adjudicando las concesiones a los grupos empresariales más próximos al PP.

Para conseguir sus objetivos, el Gobierno se está dotando de un marco legislativo y reglamentario, tanto estatal como autonómico, en que se asegura un altísimo grado de discrecionalidad que le permita actuar al dictado de sus intereses particulares, tanto en la concesión de licencias televisivas como en la difusión de sus mensajes informativos. Esta discrecionalidad traspasa frecuentemente sus límites y se transforma en arbritrariedad de los poderes públicos que está expresamente prohibida por el artículo 9 de la Constitución. En esta situación se comprende perfectamente el empeño del Gobierno del PP para evitar a toda costa la existencia de un Consejo Superior de lo Audiovisual independiente, nombrado por el Parlamento, con competencias matizadas para velar por la concesión equitativa de licencias televisivas y por la veracidad, la ética y el respeto de los derechos fundamentales de las personas en los contenidos. En el sector audiovisual se da un ejemplo paradigmático de la patrimonialización partidista de la política y de lo público, reduciendo su sentido a lo gubernamental y olvidando su genuino significado como sinónimo de interés general 0 social. El deterioro de la televisión pública, que comenzó en la etapa del Gobierno del PSOE por seguir el mismo modelo competitivo que las televisiones privadas para conseguir audiencia y publicidad, ha llegado al extremo actual de convertir a la televisión pública en la causa principal de confusión y contaminación de todo el panorama audiovisual. Tienen razón las televisiones privadas al señalar que para conseguir un espacio audiovisual estable, con reglas de juego claras para todos, es prioritario partir de un modelo definitivo de televisión pública del que se carece actualmente. En estas circunstancias es grotesco que la dirección de RTVE se dedique, a publicar informes sobre el deterioro de las televisiones privadas como se ha hecho recientemente, cuando la frecuente manipulación de los contenidos de RTVE quita toda autoridad para dar lecciones de credibilidad y cuando al mismo tiempo el Consejo de Administración de RTVE por mayoría ha acordado solicitar la destitución del propio director general.

Para que la subcomisión parlamentaria, limitada actualmente al tratamiento de la RTVE, no haga el papel de don Tancredo o se convierta en un convidado de piedra mientras se avanza en el proceso de desmantelamiento de la televisión pública, debería reconvertir sus objetivos, ampliándolos para definir el modelo de toda la televisión pública en su dimensión internacional, estatal, autonómica y local. En este marco global debe plantearse la identidad de la televisión pública definiendo en un orden lógico y cronológico contenidos programáticos específicos, financiación, organización jurídica y dirección.

La televisión pública debe justificarse no sólo por cumplir las exigencias jurídicas y éticas de veracidad y de respeto a los derechos fundamentales, que es obligación común a todas las televisiones, sino principalmente por asumir acciones positivas que la conviertan en una televisión innovadora por su calidad, su perfil cultural y por constituir un foro permanente de debate libre y democrático. A diferencia de las televisiones privadas, los índices de audiencia no deben ser factores determinantes de su programación. Salvaguardando sus señas de identidad, la televisión pública debería estar abierta a la colaboración con las nuevas plataformas digitales privadas sin discriminaciones previas. Sólo un nuevo modelo de contenidos en la televisión pública legitimará su financiación permanente por parte de los presupuestos públicos con un soporte complementario mínimo de la publicidad.

Para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, la televisión pública se debería dotar de un Consejo de Dirección y Administración integrado por expertos y profesionales independientes y que como tal actuarían en el ejercicio de sus funciones y en la programación de contenidos. La legitimidad de origen a través de una elección parlamentaria de los miembros del Consejo no es impedimento para su autonomía de funcionamiento si al Consejo se le concibe como órgano auténticamente colegiado con capacidad decisoria por mayoría de votos y con competencia para elegir el presidente y solicitar su cese con fuerza vinculante. Se terminaría así con la situación actual en que el Consejo de Administración de RTVE es el único en su género en que el presidente no es elegido por los miembros que lo integran ni está obligado por sus decisiones mayoritarias. Mutatis mutandi este mismo modelo debería servir para las televisiones públicas autonómicas y locales.

La televisión pública es un factor indispensable para el desarrollo de la cultura y de la vida democrática, a condición de que se conciba como un auténtico servicio público. Dada su importancia y complejidad, su supervivencia y desarrollo sólo será posible si existe un consenso y compromiso de los diferentes grupos políticos independientemente de que estén en el poder o en la oposición de no utilizarla como mercancía al servicio de intereses políticos privados o partidistas. La actual subcomisión parlamentaria de RTVE no debería perder la ocasión de servir de punto de partida para el despegue de una nueva etapa de la televisión pública en España.