La ONU y el Papa piden a Ruanda que no ejecute a 23 condenados por el genocidio

La alta comisaria de los derechos humanos de la ONU, Mary Robinson, y el papa Juan Pablo II, entre otras personalidades e instituciones, pidieron ayer al Gobierno ruandés que suspenda la ejecución pública de 23 condenados por el genocidio, prevista para hoy. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Klaus Kinkel, solicitó también una intervención de la Unión Europea ante las autoridades de Kigali para impedir la aplicación de las primeras penas capitales por el genocidio que en la primavera de 1994 causó la muerte de 800.000 tutsis y hutus moderados. Mientras en las cárceles ruandesas se hacinan 130.000 sospechosos de haber tomado parte en el genocidio, hasta ahora han sido dictadas 114 penas de muerte, aunque tanto Amnistía Internacional como otras organizaciones de derechos humanos han subrayado que los juicios no han reunido las mínimas garantías para los procesados, que apenas han podido ejercer el derecho de defensa.

El presidente ruandés, Pasteur Bizimungu, desestimó el pasado martes, en un consejo de ministros extraordinario, las peticiones de clemencia de los condenados. Está previsto que las ejecuciones públicas -"como escarmiento para quienes no respetan la vida de los demás", como destacó la radio ruandesa- se lleven a cabo en cinco lugares simbólicos, donde se cometieron matanzas masivas en 1994. Entre los condenados figuran dos sacerdotes católicos, Édouard Nturiye y Enmanuel Kayaringa, acusados de haber colaborado en la matanza de 70 tutsis en la parroquia de Nyundo, junto a la frontera con el antiguo Zaire. Aunque varios tutsis declararon a su favor, los testimonios no fueron tenidos en cuenta por el tribunal. También ha sido condenado a muerte Froduald Karamira, ex vicepresidente del extremista Movimiento Democrático Republicano, considerado por la justicia ruandesa como uno de los máximos inspiradores del exterminio.

"Estoy preocupada por el carácter público de las ejecuciones anunciadas", declaró Mary Robinson, "porque tendrán un efecto brutal sobre la población, ya traumatizada por el genocidio de 1994 y la continua inseguridad que vive el país". El Papa pidió a Bizimungu que suspenda las ejecuciones "como gesto de clemencia destinado a favorecer el proceso de reconciliación".

Por su parte Amnistía Internacional señaló a través de un comunicado que la ejecución pública de 23 personas tras una "parodia de justicia" bloqueará las esperanzas de reconciliación y perpetuará el ciclo de violencia en el país. La organización de defensa de los derechos humanos aseguró que sigue trabajando para que "aquellos que tomaron parte en el genocidio comparezcan de forma rápida y con garantías ante la justicia" y que "ejecutar a condenados y de manera infamante [en público] no sirve a los intereses de la justicia."