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El Tribunal Superior anula el aumento en las tarifas de la funeraria aprobado en 1992

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia en la que propina un tirón de orejas al Ayuntamiento de Madrid por la "injustificada" y "no motivada" subida de las tarifas de los servicios funerarios en 1992. El Consistorio elevó entonces los precios un 16% de media. Servicios como la incineración, por ejemplo, pasaron de 5.000 a 20.000 pesetas, y los nichos, de unas 46.000 a 78.000 pesetas la unidad, aproximadamente. El alto tribunal no entra en su sentencia en si las nuevas tarifas son o no justas, pero deja claro que el acuerdo adoptado por el pleno que dio luz verde a las nueva tarifas "es nulo". Y lo es, explica, porque el Ayuntamiento "no fundamentó el acto administrativo" que dio origen a las nuevos precios. "El incremento de las tarifas, en algunos casos muy elevado, así como la supresión de algunos servicio funerarios, exigía una fundamentación, que debió estar contenida en un informe económico justificativo", suscriben los cinco magistrados que integran este órgano judicial, que preside José Félix Méndez. Este varapalo judicial se suma al que hace un mes dictó por el mismo motivo el Tribunal de Defensa de la Competencia, que multó al Consistorio con 137 millones por tarifas abusivas. El Tribunal Superior ha acudido a normas comunitarias. para anular un acuerdo, señala, que debió contar antes de ser aprobado con un "estudio económico detallado" que justificase las subidas.

El aumento de las tarifas fue adoptado por el consistorio a propuesta de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, entonces 100% municipal y que gozaba de un régimen de monopolio. Un año después, el servicio fue privatizado.

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Los jueces creen "inadmisible" que eleve a su antojo las tarifas una funeraria que funcionaba como monopolio

VIENE DE LA PÁGINA 1Recuerdan los jueces que el servicio de funerarias de Madrid gozaba en 1992 de una situación de monopolio, de ahí que resulte "inadmisible" permitir que los gestores de un servicio con ese privilegio puedan fijar los precios con total libertad y sin contraste con la realidad y equidad".

En 1993, el Ayuntamiento privatizó el servicio al adjudicar un 49% de las acciones a la empresa Funespaña. Esta adjudicación se realizó por el simbólico precio de 100 pesetas, dado que la empresa funeraria arrastraba una deuda con el municipio de 2.275 millones. El Ayuntamiento condonó después esa deuda y Funespaña comenzó a obtener beneficios superiores a los 1.000 millones de pesetas en los años siguientes.

El Tribunal de Cuentas denunció recientemente en un informe, entre otras irregularidades, que le parecía "irresponsable" que en el acuerdo de privatización entre el Ayuntamiento y Funespana se estableciese que un 65% de los beneficios fuesen para la empresa privada, pese a tener menos acciones que el Consistorio.

La sentencia dictada ahora por la Sección Segunda del Tribunal Superior es fruto de un recurso que interpuso la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) contra el acuerdo plenario que posibilitó la espectacular subida de las tarifas, adoptado el 15 de noviembre de 1992 con vistas a ser aplicado en el ejercicio económico de 1993. Desde entonces rigen estas tarifas, lógicamente asumidas luego por Funespaña tras la privatización e incrementadas estos años de acuerdo con el IPC.

Anular el citado acuerdo municipal y en concreto las nuevas tarifas era el objetivo del recurso de Unespa ahora estimado. Unespa enumeró en su recurso diversas razones. Entre otras, que la Empresa Mixta de Servicios Funerarios gozaba desde 1985 de una situación de monopolio y que la propuesta de subida obedeció a motivos puramente empresariales destinados a aliviar sus crecientes pérdidas, pero que las tarifas no se ajustaban a la realidad. También criticó la subida de precios que habían registrado determinados servicios, como la incineración, un 300%.

El Ayuntamiento se opuso al recurso. Adujo que, al tratarse de un servicio público, debía dotársele "de medios económicos para que pueda válidamente cumplir con su finalidad", ya que, indicó el Ayuntamiento, "es evidente que ni en 1991 ni en 1992 las tarifas entonces vigentes eran suficientes para cubrir los gastos". El Consistorio argumentó. que los precios fijados cumplían los requisitos legales. Simón Viñals, el concejal del Ayuntamiento de Madrid responsable de los servicios funerarios, indicó ayer: "Cuando adoptamos el acuerdo de subir los precios creímos que actuábamos correctamente".

Juan Antonio Valdivia, actual gerente de Funespana, afirmó ayer que él se hizo cargo de la funeraria en 1993 tras la semiprivatización del servicio. No obstante, Valdivia matizó que en 1992 los precios de algunos de los servicios funerarios que se prestaban en Madrid estaban muy por debajo de los de otras ciudades. Y agregó que, de todas formas, nunca se han llegado a aplicar las tarifas que experimentaron un mayor crecimiento, entre ellas la que incluía féretro, capilla ardiente y tramitación del expediente, y que subió un 90%.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de abril de 1998

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