Problemas con el Servicio

LOS SERVICIOS secretos españoles han vuelto a convertirse en piedra de escándalo. Esta vez a causa del espionaje practicado por el Cesid en una sede de HB, a todas luces sin autorización judicial previa. Mientras una juez ha abierto sumario para depurar una actuación supuestamente delictiva, el ministro de Defensa se dispone a comparecer ante el Parlamento para dar cuenta de la investigación interna. En ambos frentes se juegan las responsabilidades penales y/o políticas que puedan derivarse del caso. La violación de la ley, incluso si el fin perseguido fuera honorable -defender a la sociedad del terrorismo-, no debe quedar impune. Este principio valía para los socialistas y debe valer también para el Partido Popular. Pero el asunto no se puede zanjar sin plantearse algunas preguntas. En los meses previos al golpe del 23-F, ¿no tenía que espiar el Cesid a los partidos de extrema derecha -también legales-, en cuyo seno se tejía la trama civil? ¿Debía haber interceptado las comunicaciones telefónicas de las sedes de esos partidos incluso si carecía de autorización judicial para ello? La duda está justificada. Y, aunque se refiera a un tiempo y a un supuesto muy diferentes, ese antecedente ayuda a comprender la dificultad del dilema planteado a la sociedad por este caso de espionaje a HB. Como mínimo, revela la existencia de un vacío legal, y como máximo plantea la duda de si un servicio secreto -cualquiera que sea su estatuto- es compatible con la Constitución.

Desde luego, Herri Batasuna es un partido legal. Pero es también el brazo político de una organización terrorista, y hay decenas de sentencias de los tribunales que confirman que la relación entre ambos va mucho más allá de la mera identificación en los fines. Por ello, afirmar, como han hecho algunos portavoces del PNV, que por el simple hecho de ser un partido legal HB es una formación democrática es una falacia. Y atribuir a la ingenuidad del PNV esa confusión si que sena ingenuo. HB, formación claramente supeditada a ETA, no es una organización democrática ni por su ideología, ni por la política que practica, ni por su organizació interna.Podría concluirse en consecuencia que no debería estar legalizada, a la luz del precepto constitucional de que los partidos tienen que ser democráticos. Pero la voluntad de integración propia del parlamentarismo hace que en todos los países exista una cierta tolerancia hacia las formaciones antisistema. Se admite su legalización en nombre de consideraciones políticas: el pluralismo y la voluntad de integración.

Que un partido sea antisistema no justifica que se le espíe desde el Estado. ¿Pero si además de ser antisistema forma parte de un entramado terronísta? ¿Un Gobierno responsable no está obligado a prevenir actuaciones terroristas investigando en ese entramado que rodea a ETA? Por supuesto que lo está, pero la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. Y en principio, un juez sólo puede autorizar escuchas en el marco de la investigación de un delito. No tiene fácil encaje legal la hipótesis de una intervención preventiva, anterior al delito, orientada sólo por la intuición de que de la escucha podría derivarse información que ayude a evitar delitos probables. El problema está planteado en casi todos los países. En Alemania acaba de aprobarse una ley que legaliza las escuchas de cualquier ciudadano, con una autorización judicial genérica, ante "la sospecha de un peligro para la seguridad pública". Se exceptúan los abogados, periodistas, sacerdotes, médicos, diputados y demás personas cuyo trabajo tiene que ver con la confidencialidad. Aquí, el Gobierno del PP planteó hace dos años un proyecto de ley que también permitía la intervención de comunicaciones con carácter preventivo en determinadas condiciones. El proyecto fue abandonado ante el escándalo que suscitó el anteproyecto de ley de secretos oficiales, que formaba parte del mismo paquete. Ya entonces se vio que el riesgo intentar legalizar actuaciones de los servicios secretos -situadas por definición en un terreno fronterizo entre lo legal y lo ilegal- era garantizar la impunidad de los agentes más que su sumisión al principio de legalidad.

El dilema es, por tanto, dificil. Si un servicio secreto no puede espiar al entorno del terrorismo, es que no sirve para nada y no se justifican los 16.000 millones que cuesta al año. Pero, sin un marco legal, el riesgo de autonomía e impunidad de los servicios secretos es grande. Y más en un país que tiene sobrados antecedentes de excesos en este campo. Como mínimo, habría que establecer un mecanismo de control parlamentario, o mixto del poder judicial y legislativo. Sea como sea parece evidente que las escuchas en las sedes de HB carecen de cobertura legal. El ministro Eduardo Serra va a comparecer el día 21 ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la posición del Gobierno, que ya en marzo del pasado año tuvo sobre la mesa un informe del Cesid en el qué fijaba la actuación de HB como uno de sus objetivos prioritanios. No lo tiene fácil el ministro. Porque, incluso si logra convencer del carácter moral de esta actuación, será muy dificil que demuestre que los hechos se ajustaron a la ley. Y un Gobierno no se rige por consideraciones morales, s ¡no por el principio de legalidad. Por otra parte, la utilización que el PP hizo de los problemas del Gobierno socialista en relación al Cesid, cuyas miserias puso en el escaparate un tal Perote, provocando la dimisión de un vicepresidente y un ministro, coloca muy alto el nivel de exigencia en materia de responsabilidades políticas