Hipótesis de pago

EN PLENO debate sobre si la reforma del impuesto de la renta favorece mucho o poco, y a todos o sólo a los más privilegiados, alguien ha soltado la liebre de un canon familiar para resolver el agujero negro de la televisión pública. Es una idea vieja, vigente en numerosos países europeos desde que la televisión existe, pero tan impopular que nadie quiere responsabilizarse de ella. "Es el Congreso el que debe decidir", dijo ayer el director de RTVE, Femando López-Amor, cuando se le preguntó por la hipótesis de fijar una tasa de 20.000 pesetas anuales por hogar. Esa posibilidad ha sido invocada vanas veces, casi siempre como globo sonda, de manera vergonzante, sin que nadie la asumiera explícitamente. Esta vez, la propuesta figura en un informe elaborado por la dirección de RTVE con vistas al establecimiento de un marco estable de financiación de la televisión pública. El informe está en poder del Gobierno y será remitido a la comisión correspondiente del Congreso.En su comparecencia del 3 de marzo ante dicha comisión, López-Amor defendió la continuidad de la televisión estatal en nombre del anterior de "rentabilidad social": sólo la existencia de una televisión pública garantiza una programación que no obedezca únicamente a criterios de rentabilidad comercial, prioritarios por definición para las cadenas privadas. Ese argumento, unido al de la necesidad de una información que exprese el pluralismo de la sociedad, ha sido siempre central en la defensa de la compatibilidad de la televisión pública y la privada en un mercado audiovisual abierto. Sólo los sectores neoliberales -incluyendo en el pasado a una parte al menos de la dirección del PP- discuten ese criterio y defienden la privatización de las cadenas públicas. Fuera dé ese estrecho círculo existe un amplio consenso político y social en el terreno de los principios. El problema es que en España la televisión pública ni remotamente responde a ese criterio.

No responde desde el punto de vista de la neutralidad informativa y tampoco desde el de la selección de sus programas de entretenimiento. Al revés: es tan sectaria como lo ha sido siempre, con cualquier Gobierno, y compite en el terreno de la telebasura con los espacios más horteras de cualquier cadena. En cuanto estuvieron instalados, los del PP olvidaron promesas como la de nombrar director general a un independiente o la de introducir criterios pluralistas, por una parte, y de gestión rigurosa, por otra. El resultado ha sido una televisión gubernamental antes que pública, y cada vez más cara: en 1997 costó 21.000 pesetas por familia. Radiotelevisión Española habrá acumulado a finales de este año una deuda de 600.000 millones de pesetas, que si nadie lo remedia rondará el billón para el año 2000. Una sangría de esa magnitud no es presentable, y de ahí la idea genial de liquidar tal deuda mediante el pago de otras 20.000 pesetas anuales por familia.

En su día pudo haberse elegido esa forma de financiación, como se hizo en el Reino Unido, donde sí puede hablarse con propiedad de una televisión pública: de calidad y plural. Lo que no tiene sentido es plantear un canon familiar al tiempo que las cadenas públicas, tanto nacionales como autónomicas, 'mantienen la doble financiación por publicidad y por subvenciones presupuestarias. Es incongruente justificar las subvenciones en nombre del carácter público del servicio y ofrecer a la vez una programación que lucha por la audiencia y la publicidad con las mismas armas de las televisiones comerciales. Además, si ya es ventajista competir con las privadas apoyándose en el presupuesto, hacerlo con la muleta adicional del canon sería abierta competencia desleal. Por ello, mientras no se aborde en serio la transformación de TVE en una cadena mucho menos costosa, más plural y que actúe con criterios de subsidiariedad, será injusta cualquier pretensión de colocamos un' canon que será en realidad -hay receptores en el 98% de los hogares- un impuesto universal. ¿No habían prometido reducirlos?