Francia hace examen de sus culpas en el genocidio ruandés

La gigantesca carnicería que hace cuatro años convirtió a Ruanda en el mayor cementerio planetario de la segunda mitad del siglo y en presuntos criminales a unos dos millones de sus habitantes es la pesada losa con la que Francia va a enterrar su proverbial política africana. El Gobierno de París trata de recomponer su desbaratado juego geopolítico en el tablero del continente negro, mientras el Tribunal Penal Internacional para Ruanda , (TPIR), creado por la ONU, estudia el momento de llamar a declarar a los responsables militares franceses. La comisión "informativa" parlamentaria, formada recientemente en la Asamblea Nacional responde, sin duda, a un reflejo preventivo, al temor de que Francia llegue a ser condenada por complicidad del bárbaro genocidio que, en la primavera de 1994, llevó a la muerte a unos 800.000 tutsis y a miles de hutus moderados contrarios al Gobierno amigo de Juvenal Habyarimana. El primer ministro francés, Lionel Jospin, ha anunciado que permitirá el levantamiento del secreto de Estado para permitir que la investigación se complete.Aunque el drama ruandés envuelve con el sudario de la culpa a los indiferentes Gobiernos de las grandes potencias y hasta al actual secretario general de la ONU, Kofi Annan, Francia tiene un lugar propio en el caso, en la medida en que antes, durante y después de iniciarse el genocidio sostuvo militarmente a los promotores de la matanza. El desmentido formalista de Édouard Balladur, primer ministro en la época -"Francia prohibió la exportación de armas a Ruanda poco después de mi llegada a Matignon" (primavera de 1993)- ha tenido una vigencia efimera. Pocas horas después de estas declaraciones, el ex ministro de la Cooperación, Bernard Debré, reconocía lo que ya saben los oficiales de la ONU que estuvieron destinados en Kigali: que París siguió librando armamento a los asesinos "5 o 10 días después" de iniciarse las matanzas.

Eso sí, contra lo que afirma el investigador belga Filip Reyntjens, contra lo que muchos sospechan, Bernard Debré niega que los misiles SAM 16 Gimlet que el 6 de abril de 1994 abatieron el avión del presidente ruandés y dieron así la señal para el inicio de la carnicería provinieran de un lote incautado por el Ejército francés en Irak. Sea cual sea el origen de esos misiles que acabaron con la vida de Habyarimana y de los tres gendarmes franceses que le protegían, todo el mundo, incluidos los políticos locales, se muestra convencido de que Francia sabe quién ordenó derribar el Falcón 50, valorado en 2.500 millones de pesetas, que François Mitterrand había regalado al presidente ruandés.

En estos momentos en los que la demanda de aclaraciones empieza a ser un clámor, la tentación de descargar la responsabilidad sobre el muerto, sobre un Mitterrand disminuido en esas fechas por el avance implacable del cáncer, empieza a ser, más que una tentación, una consigna. Debré sostiene ahora que el error francés en Ruanda es fruto del gusto por el secreto que practicaba Mitterand y de la equivocada creencia del fallecido presidente de que Habyarimana, víctima de un golpe de Estado provocado por los extremistas de su régimen o del ataque de la guerrilla tutsi, según las teorías, representaba el "único polo de solidaridad".

Una conversación telefónica que el entonces consejero para África, Jean-Christophe Mitterrand, mantuvo con Habyarimana, ilustra. el juego de intereses marcados y amistades forzadas que el Gobierno de París desplegó durante décadas en la región de los Grandes Lagos. De acuerdo con el relato del historiador Gérard Prunier -testigo ocasional- de la conversación-, relato recogido por Le Monde, el hijo de François Mitterrand dedicó palabras tranquilizadoras a su interlocutor y, una vez colgado el teléfono, tras un guiño de complicidad, comentó: "Vamos a mandarle unos soldaditos a papaíto Habyarimana y a sacarle del apuro".

En las próximas semanas, la comisión parlamentaria que preside el socialista Paul Quilés tomará declaración a Balladur, y a los entonces titulares de Exteriores Alain Juppé, y de Defensa François Leotard. El primero de ellos se ha apresurado a juzgar "escandaloso" que se corresponsabilice a Francia, del genocidio cuando "fue el único Gobierno que envió miles de soldados para tratar de impedir las matanzas". Al margen del papel jugado por Francia en la antigua colonia belga, los testimonios de aquellos que vieron la actuación del Ejército francés tampoco acreditan en general el capítulo de elogios.

El asesinato sistemático de los tutsis, que representaban el, 15% de la población, y de los opositores hutus, fue una operación cuidadosamente planificada, según sostiene el general canadiense Roméo Dallaire, antiguo comandante de la Misión de la ONU de Asistencia a Ruanda (Minuar). "Había una metodología, había planificación y de terminación", ha declarado ante el TPIR instalado en Arusha (Tanzania) este hombre, que dio la voz de alarma tres meses antes de iniciarse la carnicería y que llora y maldice todavía evocando las horripilantes escenas ruandesas, y la orden de no intervención cursada por sus superiores. "Si hubiéramos desplegado nuestras tropas habríamos salvado la vida de cientos de miles de personas", asegura el general. Al juez interesado en confirmar los testimonios escalofriantes de los supervivientes de la locura criminal colectiva desatada en Ruanda, las escenas de mutilaciones, despedazamientos, violaciones, de niños. enterrados vivos, el militar le ha respondido: "Usted no puede imaginárselo".

El 17 de enero de 1994, Dallaire envió a Maurice Barril, consejero militar del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, y en consecuencia al entonces responsable político Kofi Annan, un informe en el que daba cuenta de los entrenamientos de los interhamwes, la milicia ruandesa, e indicaba, citando fuentes del Ejército hutu, que la población tutsi de Kigali estaba siendo recensada, por lo visto como paso previo a su aniquilación: "Nos han dicho, a título de ejemplo, que sus hombres pueden matar a más de 1.000 tutsis en veinte minutos", se indicaba en él fax. remitido a la ONU. Esa información llegó a las embajadas de EE:UU, Bélgica y Francia. Por si cabía alguna duda, la comisión senatorial belga que investiga el papel de su Gobierno ha establecido que las autoridades de su país sabían que el Ejército hutu preparaba, si no un genocidio de un millón de muertos, sí una matanza a gran escala.

Si Bélgica lo sabía, si la ONU lo sabía, si EE UU lo sabía, parece imposible que Francia lo ignorara. Imposible, porque desde, 1990 preferentemente, a raíz de las incursiones de la guerrilla tutsi, entrenada por militares anglosajones y con bases en Uganda, el Ejército francés actuaba como gendarme del país. A lo largo de esos años, suministró verdaderos arsenales al Ejército hutu, asumió la defensa del aeropuerto, el mantenimiento y, llegado el caso, hasta el manejo de helicópteros de combate y el ajuste de disparo de las piezas de artillería, los sistemas de transmisiones y el adiestramiento. Las tropas francesas dirigían las operaciones militares hutus instalaban los controles de carreteras e interrogaban a los detenidos. Sus jefes, los tenientes coroneles Cholet y Maurin, serán, de hecho, los consejeros militares del Gobierno ruandés en unos años en los que los ataques a las poblaciones civiles tutsis se suceden con la mayor impunidad.

Cuando el genocidio empezó, cuando el Ejército hutu ordenó a la población que de buen o mal grado se sumara a la matanza sistemática de las familias tutsis, Francia y también Bélgica, Italia y EE UU se limitaron a rescatar a los extranjeros abandonando a la muerte a los empleados de sus embajadas. Según el relato que el capitán belga Luc Lemaire ha presentado al TPIR, las tropas francesas eran aplaudidas por el Ejército y las milicias hutus, pero esta simpatía no les animó a incumplir las órdenes propias, a evitar el asesinato ante sus ojos de los tutsis que se aferraban a los vehículos militares como única esperanza de vida.

Con todo, los paracaidistas franceses no actuaron siempre igual. El corresponsal de The Times, Sam Kiley, ha publicado que aunque los comandos franceses "cerraron los ojos" ante las matanzas y la permitieron, en poblaciones como Bisesero, "actuaron correctamente". Francia, eso sí, cumplió con la tarea de sacar del país a 178 dignatarios del régimen hutu, entre los que se encontraban buena parte de los planificadores del genocidio. Posteriormente, el 23 de junio, París envió nuevas tropas a Ruanda, esta vez con el propósito de impedir la carnicería. Se calcula que la Operación Turquesa, a la que alude Baliadur, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, salvó la vida a unas 10.000 personas .

La comisión informativa de los parlamentarios franceses tendrá que responder a las preguntas de por qué el Gobierno se comprometió secretamente en la guerra de Ruanda sin consultar a la Asamblea, por qué mintió a la ciudadanía, hasta cuándo sostuvo militarmente al Ejército hutu, y, sobre todo, cuándo supo de los preparativos del genocidio, qué hicieron entonces los responsables de la célula africana del Elíseo, el ministro de la Cooperación, el Alto Estado mayor del Ejército y los servicios secretos.

La montaña de palabras que los antiguos responsables del Estado francés o belga puedan ahora levantar, los mea culpa de Annan o de Bill Clinton en su reciente gira africana no son nada ante las cifras de víctimas, de los estremecedores relatos recogidos por el Tribunal de Arusha. La huida de las familias tutsis perseguidas por las hachas, las azadas, los machetes, que tratan de alcanzar los ayuntamientos de. los poblados porque saben que allí los matan a balazos resume el universo de los horrores de la primavera ruandesa de 1994