El Supremo británico obliga a indemnizar con 20.000 millones a pesqueros españoles

El Reino Unido perdió ayer, de modo casi definitivo, una batalla legal que emprendieron hace 10 años los propietarios españoles de 97 pesqueros que faenaban en sus aguas. El Gobierno de Londres deberá indemnizarles con al menos 20.000 millones de pesetas por haber obligado a los armadores a asociarse con capital británico para mantener sus embarcaciones bajo pabellón de ese país, según sentenció ayer el Tribunal Supremo. Al Gobierno británico sólo le queda una posibilidad de recurso a la Cámara de los Lores.

De hacerlo, no convertiría la petición española en un asunto político. Sería como acudir al Tribunal Constitucional, inexistente en el Reino Unido.La ley que originó la polémica, conocida como Merchant Shipping Act (ley de Embarque), fue anulada en 1989 por el Tribunal Europeo de Justicia, de Luxemburgo.

Aprobada por el Gobierno conservador de Margaret Thatcher, la ley obligaba a las empresas pesqueras extranjeras a ceder la mayoría del capital a ciudadanos británicos si querían faenar en aguas del Reino Unido y establecía que sólo los barcos que pudieran demostrar que un 75% de su tripulación era de nacionalidad británica podrían faenar en sus aguas territoriales, incluso aunque navegaran bajo pabellón del Reino Unido.

Los armadores españoles entablaron un proceso para reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, que culminó ayer con una resolución favorable de la Corte de Apelaciones, el equivalente al Tribunal Supremo. Las cantidades reclamadas suman 20.000 millones de pesetas, que pueden duplicarse si se consigue la aplicación de intereses.

Sentencias y recursos

Desde que el Tribunal de Luxemburgo dictaminó que la ley contravenía el derecho comunitario, los armadores han tenido que recorrer casi todos los escalones de la justicia británica. Las sentencias favorables fueron sistemáticamente recurridas por el Gobierno de Su Majestad, que tampoco logró convencer al Supremo.El fallo conocido ayer condena a la Administración británica a indemnizar a los armadores españoles por tres conceptos: pérdida de ingresos económicos, costes del amarre de los barcos e intereses acumulados desde que el tribunal de Luxemburgo anuló la ley.

Las beneficiarias serán unas 70 empresas, propietarias de 97 barcos. La mayoría de las empresas están radicadas en Galicia y el resto en Ondárroa (Vizcaya). "Cada barco tendrá que recibir entre 200 y 500 millones de pesetas", explicó ayer José Carlos Díaz, portavoz de la asociación de armadores Interpesco.

Los afectados calculan la deuda en unos 20.000 millones de pesetas, aunque los intereses pueden sumar otro tanto. Al perder la demanda, el Gobierno británico afronta ahora una grave situación Agotadas todas las instancias puramente judiciales, al Ejecutivo de Tony Blair sólo le queda un resquicio para aplazar las indemnizaciones, acudir a la Cámara de los Lores para que le autorice la reapertura del proceso judicial.

Pero los armadores españoles confían en que Londres desista, ya que se arriesgaría a que, en caso de una nueva derrota, los intereses acumulados alcanzasen cantidades astronómicas.