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Expedientado un laboratorio oficial por gestionar residuos tóxicos sin permiso

Vicente G. Olaya

La Comunidad de Madrid ha abierto un expediente sancionador contra el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), dependiente del Ministerio de Agricultura, por las actividades de su Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), el más importante instituto biológico de investigación del país y uno de los más destacados del mundo. La Consejería de Medio Ambiente considera que este laboratorio, situado a las afueras de Valdeolmos-Alalpardo, desarrolla una actividad "ílícita", pues no ha aportado a la Comunidad "la información obligatoria en materia de residuos tóxicos y peligros" y, además, gestiona estos residuos "sin la preceptiva autorización administrativa". El expediente recoge la posibilidad de imponer sendas multas de hasta 100 millones de pesetas por cada una de estas infracciones. Agricultura respondió ayer que el expediente era una "cuestión administrativa en trámites de solucionarse".El CISA fue inaugurado en febrero de 1993, "copiando los sistemas más avanzados de los mejores centros norteamericanos", según explicó ayer Jesús Miranda de Larra, presidente del INIA. Según Miranda de Larra, el CISA no cuenta con autorización administrativa porque en su día, cuando se puso en marcha, no solicitó la licencia municipal de apertura: "Se trataba de un centro público y en él no se iba a llevar a cabo actividad industrial alguna, por lo que nuestros abogados nos dijeron que no era necesaria la licencia municipal". Sin ésta, asegura Miranda de Larra, es imposible conseguir las otras.

En el CISA se investigan enfermedades animales: desde la mixomatosis de los conejos hasta el mal de las vacas locas. También se efectúan análisis de toxicología, bacteriología, parasitología, radiología y enfermedades de alto riesgo relacionadas con los animales. Es un centro de consulta de la Unión Europea y de la FAO. Es el único laboratorio de España catalogado como P-4, es decir, centro de máxima seguridad biológica.

Sin embargo, los inspectores de la Comunidad creen que las instalaciones no cumplen la normativa vigente. De ahí el expediente sancionador que la viceconsejera de Medio Ambiente, Sylvia Enseñat, tiene sobre su mesa. En él se puede leer: "El INIA, desde hace largo tiempo, viene desarrollando su actividad careciendo de las autorizaciones previas, lo que convierte su actividad en ilícita. Se ha demostrado que el INIA ha realizado actividades de gestión y producción de residuos peligrosos sin autorización y sin cumplir con los requisitos exigidos por el ordenamiento".

PASA A LA PÁGINA 3

La Comunidad advierte que los residuos del laboratorio se incineran sin autorización

VIENE DE LA PÁGINA 1En el pliego de cargos se detallan las acusaciones contra el centro. Por un lado, "no aportar la información obligatoria [plan de gestión y balance anual] en materia de residuos tóxicos y peligrosos". El informe asegura que en el centro se generan "residuos biosanitarios y citotóxicos", además de "compuestos farmacéuticos y veterinarios que están considerados residuos tóxicos y peligrosos", por lo que tiene la obligación de presentar la declaración anual sobre su origen y cantidad o "inscribirse en el Registro de pequeños productores de residuos tóxicos". En el segundo apartado del pliego de cargos se asegura que el CISA gestiona los residuos "sin autorización administrativa". Y se añade que los residuos son incinerados sin permiso.

Por todas estas infracciones, el instructor del informe recuerda que pueden imponerse al INIA sendas multas de hasta 100 millones de pesetas cada una, "pudiendo también exigirse indemnización de daños y perjuicios". La viceconsejera SyIvia Enseñat, encargada de decidir si se ejecuta el castigo, todavía no ha tomado una decisión. Medio Ambiente dio al CISA un plazo de siete días (que se cumplieron el pasado 30 de marzo) para que presentase sus alegaciones. El laboratorio no ha respondido.

Jesús Miranda de Larra dio su versión de los hechos: "El centro no pidió la licencia de apertura en 1993 porque no desarrollaba ninguna actividad industrial y, además, era un organismo público. Pedir la licencia nos habría obligado a elaborar un nuevo proyecto y a desembolsar unos 80 millones. La falta de licencia de apertura nos impide tener el resto de los permisos. Me reuní con la directora general de Calidad Ambiental, Teresa Calatayud, y con el alcalde de Valdeolmos para solucionarlo. Acordamos que el Ayuntamiento nos concediese la licencia. Pero como es un pueblo pequeño y sin medios, el proceso se ha alargado".

Según Miranda de Larra, al tiempo que se mantenían estos contactos, la Comunidad abrió su expediente. "Era una situación absurda. Por un lado estábamos en conversaciones con la Comunidad para solucionar el asunto, y por otro, sus ínspectores nos visitaban. Nos han pedido que respondamos a una serie de preguntas aclaratorias. Nuestros expertos ya lo están haciendo. Podremos dar una respuesta en unos días. De todas formas, no es cierto que no estemos en el Registró de pequeños productores de residuos tóxicos y peligrosos, tal y como afirma el instructor del expediente. Tenemos ese permiso desde enero de 1995".

El presidente del INIA asevera que el centro cumple todas las medidas de seguridad necesarias. "El CISA cuenta con todas las bendiciones nacionales e internacionales. De allí no puede salir nada al exterior". Fuentes del centro explicaron ayer que las precauciones en el interior del laboratorio son máximas. Los empleados de determinados departamentos utilizan trajes herméticos y respiran con equipos autónomos. Para abandonar algunas salas, el personal debe recibir una ducha especial. Todos los residuos que produce el centro son incinerados.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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