El fiscal especial Starr duda entre acusar a Lewinsky ante un tribunal o a Clinton ante el Congreso

El fiscal Kenneth Starr no sabe cómo terminar su investigación sobre la posibilidad de Bill Clinton y Monica Lewinsky mintieran al negar bajo juramento haber sostenido relaciones sexuales. Starr estudia dos posibilidades: la primera, acusar de perjurio ante un tribunal a Lewinsky,- pero no a Clinton, que quedaría en un segundo plano, como un cómplice contra el que no se presentan cargos; la segunda, señalar directamente a Clinton y pasar la decisión al Congreso.

Pero la mayoría republicana que controla las dos cámaras del Congreso (Senado y Cámara de Representantes) no tiene la menor gana de abrir un proceso de impeachment o destitución a un presidente demócrata que goza de una alta popularidad, y menos aún después de que el miércoles Susan Webber Wright, juez federal de Little Rock, decidiera archivar la demanda de acoso sexual presentada por Paula Jones contra Clinton. Webber Wright, mujer y simpatizante republicana, decidió que, ocurriera o no ocurriera el incidente en el hotel de Little Rock que denuncia Jones, la demandante no ha podido probar haber sido represaliada después en su trabajo.Estados Unidos celebrará elecciones legislativas en otoño (se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado) y los sondeos indican que el electorado rechazará a los candidatos que intenten explotar los apuros pasados por Clinton en los últimos meses, cuando se le ha atribuido todo tipo de aventuras sexuales con Paula Jones, Monica Lewinsky, Gennifer Flowers, Kathleen Willey y la ex miss América Elizabeth Ward Gracen. Con estos datos en la mano, los republicanos preferirían hacer campaña sobre otros asuntos que preocupan más a los electores.

La decisión de la juez Webber Wright marca el comienzo del fin de la mayor crisis sufrida por la presidencia norteamericana desde los tiempos de Richard Nixon y el escándalo Watergate. Ya es evidente que Clinton no tendrá que abandonar la Casa Blanca a causa de sus reales o imaginados líos de faldas. Queda, eso sí, el fleco de los posibles delitos de obstrucción a la justicia cometidos por Clinton y Lewinsky al desmentir ante los abogados de Jones sus presuntos amoríos.

El fiscal especial Starr ha señalado, y los juristas le dan la razón, que el archivo del caso Jones no afecta a los delitos que pudieron cometerse durante el periodo en que estuvo abierto. Pero la Casa Blanca, el Partido Demócrata, la mayoría de la opinión pública e incluso no pocos republicanos piden a Starr que termine con sus pesquisas. La crisis ha demostrado el vigor de las principales instituciones norteamericanas.

Clinton ha resistido a pie firme en la presidencia, apoyado por su esposa, Hillary. La justicia ha cumplido doblemente su misión, primero cuando el Tribunal Supremo de EE UU decidió, en mayo de 1997, que el presidente no tenía inmunidad frente a la acusación de acoso sexual de Jones, y luego, cuando la juez Webber Wright le exoneró de esa acusación. Y los opositores a Clinton -la mayoría republica na en el Congreso- se han sabido mantener en un tono general de moderación, sin que ninguno, de ellos subiera a la tribuna del Capitolio para pedirle al presidente que se fuera.

Incluso la presencia en el culebrón del personaje que ahora desempeña el papel de malo, Kenneth Starr, es otro ejemplo de democracia norteamericana: fue Janet Reno, la fiscal general del Estado, el equivalente al ministro de Justicia, quien le concedió permiso para que husmeara en los despachos de la Casa Blanca.