Madrid expedienta a las compañías que suministran los surtidores a las gasolineras

El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Luis Blázquez, del PP, anunció ayer que ha expedientado a las compañías que suministran los surtidores a las gasolineras, basándose en un informe que le ha aportado el Centro de Metrología. Blázquez, que comparecía ante la comisión de investigación creada en la asamblea a causa del presunto fraude de la gasolina, añadió que tal informe refleja "determinadas anomalías", pero no citó nombres de empresas ni otros detalles. "Yo tengo la absoluta convicción moral de que hay un fraude", proclamó.

La comisión de investigación sobre el fraude en las gasolineras -revelado por la Organización de Consumidoresy Usuarios (OCU) en EL PAÍS el pasado día 12 de enero-, concluyó ayer sus sesiones en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, con la comparecencia a petición de PP, PSOE e IU del consejero de Economía y Empleo, Luis Blázquez (PP)."Antes del informe de la OCU no había indicios de alarma social ni de fraude, pero después sí los hubo", dijo Blázquez. "Y desde el primer momento concedimos la mayor credibilidad al informe de la OCU".

Blázquez explicó que el Consejo de Gobierno madrileño ha aprobado un decreto sobre consumo de productos petrolíferos al por menor que enviará al Consejo Económico y Social (órgano consultivo de la Administración madrileña) y que espera se debata luego en la Comisión de Economía de la Asamblea. El texto del decreto da a la Administración regional capacidad para ordenar la apertura de surtidores para inspeccionarlos, refuerza los medios de inspección y fija sanciones para los infractores.

"Siempre llegamos"

Blázquez continuó: "La Administración no puede ir con la celeridad que al público le gustaría. Pero siempre llegamos. Los experto nos explican que hay múltiples posibilidades de fraude en este campo y, aunque carecemos de los medios para detectarlos, tenemos la decidida voluntad de ir hasta el final".También comparecieron ayer Leopoldo del Pino, director general de Industria, Ignacio de la Vega, de Comercio, y Consumo; y su antecesora Carmen Caballero, todos del PP. Los representantes socialistas pidieron en sus intervenciones la dimisión de los directores generales de Industria y de Consumo (Del Pino y De la Vega), por considerar que no actuaron con diligencia ante el supuesto fraude. Ambos rechazaron las acusaciones de no haberse creído las denuncias de la OCU publicadas en EL PAÍS y de haber dificultado con ello la obtención de pruebas más contundentes (la lentitud administrativa impidió encontrar el bicho o aparato que alteraba a conveniencia, mediante accionamiento a distancia, las medidas del contador). "Trabajamos con la máxima celeridad", se defendieron. Izquierda Unida también consideró "negligente" y "lenta" la respuesta de la Administración regional.

Carmen Caballero, que fue directora general de Consumo en los primeros meses de gobierno del PP, manifestó que su antecesor, el socialista Enrique Zaragoza, no le informó, en el traspaso de poderes sobre los indicios de fraude que había encontrado en 21 gasolineras en 1,994.

Ante la comisión -compuesta por cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de IU- han pasado 58 personas: miembros de la OCU, representantes de compañías: petroleras, altos cargos de la Consejería de Economía durante el Gobierno de Joaquín Leguina (PSOE), fabricantes de surtidores y propietarios de gasolineras. La comisión de investigación -abierta el pasado día 2- se había encontrado con la callada por respuesta de los principales implicados hasta: que el pasado miércoles Jesús y Óscar Bugliot, dos ex empleados del grupo Villanueva -en cuyas gasolineras se ha comprobado una merma de combustible vendido al, público de entre el 4% y el 7%- revelaron que en su lugar de trabajo "se robaba día y noche". La actitud de los hermanos Bugliot fue elogiada desde los representantes de PSOE e IU, mientras que el consejero de Economía y Empleo matizó: "Habría sido deseable que esos testigos hablaran unos meses antes". No obstante, añadió: "Me alegro de que haya habido contundencia en la denuncia, para ver si así conseguímos que haya sanción".

El grupo de la familia Villanueva controla más de 50 gasolineras en toda España, con una facturación superior a los 50.000 millones al año.