El Congreso aprovecha la aprobación de la Ley de Residuos para modificar la Ley de Envases
El truco legislativo sancionado ayer por el pleno del Congreso fue introducido al paso de la Ley de Residuos por el Senado, donde se impusieron los votos del grupo parlamentario CiU, socio del Gobierno.En el caso del IVA, se ha aprobado una enmienda que, expresamente, modifica "la Ley de Envases 11/1997, de 24 de abril" (cuya entrada en vigor se retrasó a mayo de 1998). Esa modificación suprime de la Ley de Envases dos párrafos donde se decía que el punto verde "no tendrá la consideración de precio ni estará sujeto a tributación alguna".
La segunda modificación, también introducida por presiones de CiU, había sido sugerida por IU y el PSOE en la tramitación parlamentaria de la Ley de Envases, pero fue rechazada entonces "sin explicaciones", según afirmaron ayer las portavoces de ambos grupos, Presentación Urán y Cristina Narbona, respectivamente. Ahora se ha incluido, a propuesta de CiU como la modificación anterior.
Urán declaró al respecto: "A lo mejor nos pasa con la Ley de Residuos lo mismo, porque no nos han admitido una propuesta similar. Presentamos una enmienda para obligar a las grandes fábricas a que implanten planes o auditorías para reducir la producción de sus propios residuos y nos la han rechazado. No hay quien entienda esto".
La prisa ha dominado en la tramitación de ambas leyes. Una y otra responden a la trasposición de sendas directivas europeas cuyo retraso motivó la apertura de procedimientos sancionadores contra España y demandas ante el tribunal europeo de Estrasburgo. Como dijo la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, el orden de su aprobación tenía que haber sido a la inversa de como ha ocurrido.
Las dos leyes "provocarán un cambio de mentalidad entre los consumidores", dijo la ministra tras aprobarse ayer la de Residuos. "El que genere un residuo se responsabilizará de él", añadió, tras destacar que las dos normas suponen "una revolución en la política ambiental de cara al siglo XXI".
Salvo las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos y los vertidos contaminantes a las aguas, todos los demás residuos quedan regulados con las dos normas mencionadas, que se encaminan a reducir en origen su producción y a reciclar o aprovechar al máximo los residuos, una vez producida su recogida selectiva en los domicilios, fábricas, comercios....
La ley obliga a quienes producen residuos peligrosos a separarlos adecuadamente, envasarlos, etiquetarlos y registralos de modo que las empresas encargadas de su gestión dispongan de la información necesaria para eliminarlos.
El Gobierno queda comprometido por la propia ley a que en el plazo de un año se regule el régimen fiscal de la recogida de aceites lubricantes. Igualmente, se otorga un plazo idéntico al Ejecutivo, para la implantación de un sistema de devolución y depósito de pilas usadas.
También recae en la Administración central -en este caso el Ministerio de Medio Ambiente- la responsabilidad de elaborar planes cuatrianuales en coordinación con las comunidades autónomas. Serán estas instituciones las que dicten sus propios planes y exijan a quienes generan los residuos que les informen sobre las cantidades que producen, los costes de prevención, aprovechamiento y eliminación. De igual manera serán las autonomías las que concedan autorización a los gestores de residuos para desarrollar su actividad.
El subsecretario de Medio Ambiente, Claro José Fernández-Carnicero, anticipó hace unos días, ante responsables de consultoras de ingeniería medioambiental, que su departamento organizará en breve cursillos de formación para divulgar el alcance de la ley entre funcionarios autonómicos. El subsecretario anunció también que el ministerio planea negociar con las comunidades autónomas convenios para financiar los planes regionales de residuos.
Suelos contaminados
En el amplio espectro de temas que aborda la ley, se incluye la regulación de los suelos contaminados. Según su artículo 27, las comunidades autónomas quedan obligadas a hacer un inventario con una lista de prioridades de actuación, en función del riesgo que supongan este tipo de contaminación sobre la salud humana y el medio ambiente. El inventario (ya existe uno elaborado por la administración socialista en 1993) implica su inscripción en un registro, de modo que si ese suelo cambia de dueño, el responsable de su limpieza y recuperación seguirá siendo el propietario que lo contaminó.
La ministra Isabel Tocino indicó que el Reglamento que desarrolla la Ley de Envases -y en el que previsiblemente se fijará el tipo del IVA para el punto verde- ha sido remitido al Consejo de Estado y que confía en que esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 1 de mayo.
