El PP considera al senador Tomey incapaz de cometer un delito
El portavoz de Economía del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Pedro Peral, aseguró ayer que el informe interno de su partido que exime de responsabilidades políticas al presidente de la Diputación de Guadalajara y senador popular Francisco Tomey no tiene "absolutamente nada que ver" con las diligencias abiertas por el fiscal jefe de Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, para investigar al senador por supuesta prevaricación, aunque considera a Tomey incapaz de cometer delito alguno.
El informe interno del PP, del que es autor Pedro Peral, se refiere, según él, a las cuentas de la Diputación de Guadalajara, y atribuye la responsabilidad de las irregularidades a un interventor ya fallecido. El informe concluye que Tomey actuó en todo momento de acuerdo con la ley y descarta cualquier tipo de "corrupción política" o aprovechamiento ilícito de fondos".Pedro Martínez, abogado del interventor José Villalgordo, quien falleció al poco de estallar el escándalo, exigió ayer al Partido Popular que rectifique o él se verá obligado a contar la verdad. "El señor Tomey sabe y es consciente de que el señor Villalgordo no ha cometido ninguna irregularidad", afirmó el abogado en declaraciones a Canal +. "Yo les pido que rectifiquen públicamente y que no me obliguen a mí a salir en público explicar porqué han mentido". El letrado añadió: "Echarle la culpa al muerto es lo más fácil. Lo que pasa es que en este caso, van a pinchar en hueso, porque yo todavía estoy vivo".
La investigación oficial del fiscal anticorrupción se apoya en la denuncia del diputado de Nueva Izquierda (NI) en Castilla-La Mancha José Molina sobre las actividades de Tomey al frente de la Diputación de Guadalajara y la trama de las empresas de su familia. Ni le acusa de prevaricación, uso indebido de información privilegiada y tráfico de influencias en relación a la concesión de créditos por valor de hasta 500 millones de pesetas a una empresa de la que son socios el hermano y la esposa del senador, y a las actividades de Proases, empresa de la familia Tomey que se benefició de contratos millonarios por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que el senador es vicepresidente.
Peral considera que el único punto en común entre ambos procedimientos es que "el señor Tomey desde 1983 gana las elecciones por mayoría absoluta en la Diputación de Guadalajara". En relación a los presuntos casos de prevaricación, el diputado apuntó que él no ve a Tomey capaz de cometer ningún delito.
Molina salió ayer al paso del informe del PP, que calificó de "mala comedia", y anunció que si la Fiscalía Anticorrupción concluye que hay indicios de delito "habrá una nueva petición de suplicatorio al Tribunal Supremo". El "nepotisino" de Tomey, dijo, quedó patente cuando el ex presidente de la Caja de Guadalajara denunció haber recibido presiones de éste para conceder préstamos a amigos y personas de su entorno familiar y al favorecer a la correduría de su hermano con la concesión de pólizas de seguros del Ayuntamiento de Guadalajara y otros municipios.
El secretario del PSOE de Castilla-La Mancha, José María Barreda, señaló que las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción hacen referencia a cuestiones que "son más que un mero error contable, como pretende el PP", y apuntó que le parece "mezquino" que hayan "culpado al muerto".
Anomalías
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha pedido al secretario del consistorio, gobernado por el PP, que investigue si hubo anomalías en la resolución de un concurso para contratar los seguros municipales que ganó Proases por sólo medio punto de diferencia. Según el PSOE, la competidora inmediata de Proases, Gil y Carvajal, poseía mayor experiencia, más personal, más implantación en Andalucía y solvencia económica superior, informa
