El origen de una denuncia

El secreto profesional impide a los medios de comunicación revelar las fuentes de sus noticias. Este principio, que no constituye un derecho sino un deber del periodista, tiene una sola excepción: cuando la propia fuente decide darse a conocer.Eso es lo que hicieron ayer Óscar y Jesús Bugliot, quienes explicaron ante la Asamblea de Madrid cómo a finales de agosto de 1997 se pusieron en contacto con EL PAÍS para denunciar lo que acabaría conociéndose como el fraude de las gasolineras. Durante las semanas siguientes se produjeron varias reuniones e incluso una comprobación in situ que permitió verificar la existencia de un mecanismo que, aparentemente, permitía alterar la cantidad de combustible suministrado a los clientes falseando la cifra que aparece en el contador.

A partir de ese supuesto, EL PAÍS trabajó en dos líneas. De una parte, determinar las características del bicho: un artilugio sobradamente conocido en el sector que, sin embargo, nadie reconocía haber visto. De otra, delimitar el alcance de una supuesta estafa que presumiblemente no se circunscribía a una sola estación de servicio. Para ello, y siempre manteniendo una reserva absoluta, se trasladó la denuncia a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que encargó y financió un estudio sobre las gasolineras de Madrid.

Dicho estudio incluyó dos fases: una de carácter general, en la que se inspeccionaron por sorpresa 21 estaciones de servicio elegidas aleatoriamente, y otra centrada en el Grupo Villanueva. El resultado fue que en todas las gasolineras de dicho grupo, tanto las seis que entraron por azar en el estudio general como las ocho del anexo específico, se comprobó una merma de entre el 4 y el 7%.

Lo sucedido a partir del 12 de enero, cuando se publicó el estudio de la OCU, es ya conocido: desconcierto inicial de la Administración, cierre cautelar de tres gasolineras tras descubrir la policía un cableado fraudulento y reforma de una obsoleta normativa de inspección. Hasta ahora no se sabía, sin embargo, que en el origen de la denuncia hay dos trabajadores que han pagado con la pérdida del empleo y la tranquilidad.