La clínica Iris impugna todas las actuaciones del juez

, Todas las actuaciones del juez de Albacete, que, para investigar un supuesto delito de aborto ordenó detener a la víctima de unas lesiones y requisó 1.443 historias de la Clínica Iris, están impugnadas ante la Audiencia Provincial de Albacete. Los recurrentes estiman que la detención de la mujer fue ilícita y, por tanto, todo el proceso nulo, además de considerar que las resoluciones del juez son inmotivadas, desproporcionadas y atentatorias a los derechos fundamentales de la mujer y demás pacientes de la clínica.Los abogados consideran que "el juez instructor se extralimita al interpretar la declaración y atribuye a la declarante unos reconocimientos de ilegalidad que ésta no hizo". Entre otras cosas, porque el informe del psiquiatra figura en el expediente personal de la paciente. Igualmente, el juez Mateos dedujo que el aborto era ilegal del hecho de que la mujer no acudiera a una clínica pública y de que atendiera la recomendación de una amiga.

Las singulares deducciones de ilegalidad del juez Mateos le sirvieron de fundamento para ordenar la entrada y registro en la Clínica Iris. El 26 de febrero aseguró que de la declaración de la detenida "cabe inferir que la clínica se pudiera estar dedicando habitualmente a practicar interrupciones del embarazo al margen de la ley".

Pocos días después, el 2 de marzo, funcionarios de la policía judicial intervinieron en la Clínica Iris la historia clínica de la mujer afectada y la de otra paciente. Y un día después requisaron el resto de los expedientes médicos -1.443-, además de detener a tres médicos, un administrativo y un representante legal. Cuando el representante de la clínica ofreció a la policía que se llevara la acreditación para practicar abortos, se le contestó que no interesaba.

Entre las argumentaciones para impugnar todas estas decisiones judiciales, además del atentado que significan a derechos fundamentales como la intimidad y la vida privada, los abogados resaltan la falta de motivación de las resoluciones tomadas por el juez Mateos y de proporcionalidad.

Además del riesgo que supone para las mujeres la circulación de sus expedientes médicos, los documentos requisados afectan no sólo a abortos, sino también a operaciones de fimosis, vasectomías, planificaciones familiares y revisiones ginecológicas.