Un destacado empresario de Perú pide asilo al sentirse perseguido por Fujimori

, Jaime Mur, el tercer empresario más importante de Perú, según la revista Business, se encuentra refugiado desde el 23 de marzo en la residencia en Lima de embajador de Costa Rica, país al que ha solicitado asílo político. Mur, cuya esposa, Delia Revoredo, fue una de las jueces que se opusieron en el Tribunal Constitucional a la reelección del presidente Alberto Fujimori (y fue destituida por ello), cree que podría ser detenido por motivos políticos.

Se trata del segundo empresario que se ve obligado a salir del país por considerar que la justicia peruana no ofrece garantías. Antes fue Baruch Ivcher, quien vive actualmente en Miami, y que fue despojado de su canal de televisión.En declaraciones a EL PAIS, Mur sostiene que decidió solicitar asilo en Costa Rica al saber que un fiscal se disponía a pedir ocho años de prisión en contra suya por contrabando, y que la orden de detención era inminente.

"Hace un año, un emisario de VIadimiro Montesinos [el principal asesor de Fujimori y auténtico poder en la sombra] me buscó", narra Mur, "para decirme que mi esposa, Delia Revoredo, entonces miembro del Tribunal Constitucional, debía retirar su firma de la resolución que impediría la reelección del presidente Alberto Fujimori", entre otras peticiones en las que se incluía un apoyo directo al Gobierno.

"Naturalmente les dije que no. Mi esposa, por su parte, tampoco retiró su firma", explica Mur. Días después" Delia Revoredo y los otros dos magistrados que firmaron la resolución que ponía obstáculos al tan ansiado tercer período presidencial de Alberto Fujimori fueron destituidos como miembros del Tribunal Constitucional. Y a Jaime Mur le abrieron proceso por supuesto delito de contrabando.

Todo empezó cuando el empresario importó tres vehículos usados en su calidad de presidente de la empresa Productos Alimenticios Nacionales Pyc S. A. Según su abogado, José Ugaz, el proceso carece de fundamento legal y atenta contra los principios constitucionales de legalidad e igualdad. "No es legal, porque para acusar de contrabando es necesario que la mercadería haya ingresado ilegalmente al país. Lo que no sucedió. Y hay discriminación, toda vez que los únicos tres vehículos -de los 600 que vinieron al país en el mismo buque- sujetos a proceso penal son los importados por Mur". Además, dice Ugaz, resulta extraño que hasta en cuatro oportunidades, desde que se inició el proceso, jueces y fiscales se han pronunciado por la inocencia de Mur.

El caso estaba a punto de ser archivado, pero el fiscal superior, Moisés Lara, reactivó el proceso emitiendo una resolución en la que pedía ocho años de prisión para Mur y en la que también incluía a Delia Revoredo, quien nunca estuvo implicada. "Esta sorprendente decisión coincidió con la decisión de Revoredo, actual decana del Colegio de Abogados de Lima, de acusar a Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos" por lo que ella considera violaciones a la independencia del Poder Judicial en el país.

El caso ha preocupado a más de un hombre de negocios. En una reciente reunión de los empresarios más importantes del país con el asesor presidencial, VIadimiro Montesinos, uno le preguntó, citando este caso y el de Ivcher, si se estaba iniciando una persecución contra los industriales en el país. El controvertido personaje que respondió con una negativa.